La firmeza contra la corrupción fue una de las señas de identidad del discurso político de Susana Díaz, que el verano pasado irrumpió en la primera línea al suceder a José Antonio Griñán al frente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, los escándalos relacionados con las presuntas irregularidades del uso de dinero público acorralan a la socialista, a pesar de que todos sucedieron, presuntamente, en los años anteriores a su mandato.

El último, destapado ayer por varios periódicos nacionales, estaría protagonizado por una presunta trama que habría desviado grandes cantidades de dinero público, en parte procedente de la Unión Europea, con la connivencia de la Junta de Andalucía. Fuentes policiales destacan que la cuantía defraudada podría alcanzar los 2.000 millones de euros, destinados a programas de formación para personas desempleadas.

Según las informaciones, el Gobierno andaluz habría otorgado, entre 2007 y 2013, este dinero a empresas encargadas de organizar cursos de formación que nunca se realizaron, con listas de alumnos ficticias. En el presunto saqueo habrían participado gestorías, asesorías, sindicatos y organizaciones empresariales.

El Ejecutivo presidido por Susana Díaz negó la magnitud del fraude y acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de abrir «una causa general» contra la región. «La acusación equivaldría a decir que toda la harina que se produce en Andalucía está en mal estado porque una hay una panadería que está siendo investigada», apuntó el responsable andaluz de Educación, Luciano Alonso, refiriéndose a algunos expedientes abiertos.

Sin embargo, esa defensa no convenció al PP, cuyo líder autonómico, Juan Manuel Moreno, exigió la comparecencia inmediata de la dirigente en el Parlamento para dar explicaciones sobre este asunto. Además, el popular reclamó a Díaz que colabore «al máximo» con las instituciones que investigan este supuesto fraude, especialmente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). «No puede estar inerte ante esta situación», indicó, considerando que «esto va a medir su talla, su altura y su liderazgo».

Más duro se mostró el portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, quien preguntó a la presidenta de la Junta qué «más tiene que ocurrir para que convoque elecciones» autonómicas.

Entre el cruce de acusaciones políticas, Bruselas anunció que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz por el posible fraude. «A la luz de las informaciones, los servicios de la Comisión pedirán a las autoridades españolas que confirmen que los fondos utilizados para la formación profesional continua en Andalucía no proceden del Fondo Social Europeo (FSE)», apuntó la institución comunitaria.