La Junta de Castilla y León ha liberalizado el mercado de la vivienda de protección oficial para rebajar el stock promovido, visado y sin vender existente en la actualidad, en torno a 6.000 VPOprivadas en la provincia, y atender a la necesidad de 7.600 unidades familiares (unas 30.000 personas) inscritas en el registro público de VPO. Para ello, entre otras medidas, se eliminan todos los condicionantes que hasta ahora existían para comprar en el mercado inmobiliario protegido y se establece como único requisito que la vivienda adquirida se destine al alquiler.  

Este cambio viene recogido en el Real Decreto Ley de Medidas urgentes en Materia de Vivienda, presentado ayer en Burgos por el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel Marinero, a los técnicos de la Consejería de Fomento y al sector provincial (promotores inmobiliarios, arquitectos y aparejadores).

Así, en el mercado de VPOentrarán en juego aquellos compradores que antes no tenían acceso al mismo, entre otros, los que ya tenían otra vivienda o los que poseían ingresos y patrimonio por encima de lo exigido, o también  entidades financieras o fondos de inversión. El Decreto Ley permite a estas personas e instituciones la compra de VPO «con la condición de alquilarselas a los que sí son demandantes de vivienda protegida, con lo cual cerramos el círculo de las promotoras que no pueden vender su stock, de los necesitados de vivienda que no tienen ingresos suficientes o acceso al crédito y de un inversor privado o institucional que las compra con la condición de alquilarlas».

La nueva normativa, que adapta la regulación de las VPOde acuerdo a los tiempos actuales, amplía los colectivos de especial protección de acceso a este tipo de vivienda, incluyendo a las familias con todos sus miembros en paro, a los deudores hipotecarios en procesos de desahucio, a los que han perdido el derecho a usar la vivienda (por separación matrimonial, ruina, etc.).

El director general insistió en la conveniencia de inscribirse en el registro de demandantes de VPO, también en el caso de los núcleos rurales, pues es el índice que permite a la Junta valorar cuántas personas necesitadas hay en el mercado regional.

El Decreto Ley contiene a su vez un Decreto de Fomento del Alquiler. En este capítulo, la Junta actuará como intermediadora enfocada especialmente a la población más necesitada y a la oferta que actualmente está vacía y sin vender. Los alquileres sociales, detalló Marinero, pueden oscilar en Burgos ciudad entre los 328 euros para un piso de 50 m2 y de 591 euros para uno de 90 m2, aproximadamente. 290 y 522 euros, respectivamente, en el caso de Miranda.

A medio y largo plazo, en las ciudades de más de 20.000 habitantes (Burgos, Miranda y Aranda) se constituirá un parque público de vivienda de alquiler social, en el que se incluirá el 30% de los pisos y del suelo desocupado.  

administraciones. En cuanto a las viviendas propiedad de las  diferentes Administraciones, unas 1.200 en el caso de la Junta en Burgos, se han adoptado medidas para atajar la morosidad, que en los cinco últimos años de crisis ha pasado del 12% al 16,5% actual.

El representante de la Junta aseguró que no se está instando al desahucio de nadie y que tampoco se ha hecho uso de la bolsa de  viviendas reservada para atender casos extremos en este ámbito.

Desde el 1 de agosto se ha habilitado una moratoria en el pago de las cuotas de compraventa o del alquiler y una reestructuración de la deuda para los morosos o los que estén al límite de sus posibilidades de pago, es decir, para los que sus ingresos no superan en tres veces la renta a pagar.

Asimismo, para aquellas familias que se lo permitan sus ahorros, la Administración regional les permite comprar la VPOcon una oferta de venta con rebajas de hasta el 30% o el 40%. Junto a esto, el precio de venta de las VPOpúblicas, tanto en promoción como en construcción, se ha rebajado un 20% tanto para venta como para alquiler.

A la espera del dinero del Estado para apoyar a los ARI

La Junta de Castilla yLeón desconoce por el momento si dispondrá de fondos procedentes del Plan Estatal de Vivienda para poder ayudar a las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) previstas en los barrios de San Cristóbal y San Pedro y San Felices.

El director general de Vivienda, Ángel Marinero, adelantó ayer en su visita a Burgos que están pendientes de que el Ministerio de Fomento les remita un convenio en el que se recoja los fondos y objetivos previstos para Castilla y León en el ámbito de la vivienda. En este sentido, Madrid ya ha adelantado que el porcentaje de fondos de los que dispondrá la Comunidad es del 5,40%, una cantidad que Marinero calificó como «razonable».

Este convenio debe firmarse antes de que finalice el año y será operativo a lo largo de 2014. «No sabemos los fondos que va a haber para la rehabilitación, lo que sí sabemos es que el Plan fomenta el alquiler y la rehabilitación como objetivos prioritarios, tanto la rehabilitación individual como de los barrios».

No obstante, ayer no pudo confirmó si los dos ARI de los barrios burgaleses estarán la lista de los ayudados económicamente.

El más avanzado de los dos es el de San Cristóbal, que está en fase de tramitación y cuya documentación definitiva se espera presentar en los próximos días. Las ayudas financiarían el 35% del presupuesto con un tope de hasta 11.000 euros por vivienda rehabilitada o hasta 2.000 euros por vivienda para la reurbanización.

En el caso de San Cristóbal se actuará en 660 viviendas y una superficie de 120.000 metros y la previsión es que la actuación supere los 12 millones de euros, 7,2 para los edificios y 4,8 para la urbanización.