Penútimo capítulo del culebrón de la calle Padre Silverio. Si el pasado mes de abril se conocía que el Ayuntamiento no había cobrado a las comunidades de vecinos la última anualidad de la urbanización de esta vía (28.000 euros) y poco después se sabía que en el Registro de la Propiedad, lejos de lo que se pensaba, figuraban como propietarios Arranz Acinas y la cooperativa Covirem, ahora han sido los tribunales los que han entrado en acción.
El Juzgado de Primera Instancia número 4 ha decretado, a instancias de CaixaBank, el embargo del 50% de esta calle de titularidad privada, pero de uso público. En concreto, la parte de la que es dueño Arranz Acinas. De este modo, los tribunales, seguramente para hacer efectivo el cobro de una deuda, habrían hecho caso a lo que dice el Registro y confirmarían que Padre Silverio no es propiedad de los vecinos ni del Ayuntamiento.
La situación ya se volvió enrevesada cuando recientemente el Consistorio, al saber quienes eran los titulares reales de la calle, remitió un escrito a Arranz para exigir el pago del IBI de los últimos cuatro años (los que no han prescrito). Y los vecinos, que entienden ahora que no tenían que haber asumido el coste de la urbanización de Padre Silverio, piden al Consistorio que les «devuelvan» los 100.553 euros que pagaron entre los años 2002 y 2005. Entre otras cosas, porque entienden que la calle no es suya y porque defienden que el convenio que se firmó en 2002, con el entonces Gobierno socialista, carece de validez, nunca se debió rubricar y, en cualquier caso, es nulo.
En ese acuerdo se establecía que las comunidades de propietarios debían abonar el 65% de los 184.806 euros que se estimaba que costaría la obra (finalmente fueron 197.000 euros) y que el Ayuntamiento aportaría el otro 35%.
Pero, ¿por qué se firma el convenio para arreglar la calle sin saber quiénes son los propietarios de Padre Silverio? Esa pregunta no tiene aún respuesta ya que en el expediente que hay en el Ayuntamiento no existe ningún informe técnico al respecto. Pese a que fuentes municipales aseguran que la práctica habitual es que haya un documento jurídico que dictamine si todo está en orden.
Con este panorama queda por ver cuál es la respuesta que da el Ayuntamiento a los vecinos una vez que ha exigido a Arranz Acinas el pago del IBI y, por tanto, le ha señalado como propietario del 50% de la calle. Arranz, sin embargo, ha alegado a la reclamación del pago de este impuesto que desde el momento en que se hizo la urbanización de la calle se produce la cesión de Padre Silverio y que se confirmaría con la firma del convenio en 2002. Y se preguntan: ¿Puede darse la situación de que sea la primera calle que es propiedad de un banco?