La propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suprimir los partidos judiciales de Lerma, Salas de los Infantes, Briviesca y Villarcayo ha provocado el rechazo unánime de los alcaldes los pueblos y de los profesionales (abogados y procuradores) que trabajan a diario en sus juzgados. «Desolación, preocupación, disgusto», son algunos de los términos que han usado para describir el estado de ánimo en el que les ha sumido este proyecto del órgano de gobierno de los jueces

No hallan justificación alguna «para alejar la Administración de Justicia de los habitantes de estas zonas, que tendrán que realizar desplazamientos costosos, en tiempo y dinero, a Miranda o Burgos». Y no entienden que por una parte los políticos manifiesten la necesidad de dinamizar el medio rural y por otro «vayan a tomar este tipo de medidas que solo contribuyen a la despoblación».

Marta Arroyo, la alcaldesa de Salas de los Infantes, se muestra «totalmente en contra» de la anexión de la circunscripción judicial salense a la de Burgos, más teniendo en cuenta que «la sede del juzgado se acaba de estrenar». Se trata de una medida que «atenta contra los habitantes de toda la zona», asegura, y adelanta que se reunirá con el resto de poblaciones afectadas para «evitar que se tome esta medida». Tampoco descarta movilizaciones.

El regidor municipal de Lerma, José María Barrasa, señala que «no es una buena noticia» y es partidario de que la realización de un estudio que observe las «necesidades judiciales de Lerma y su zona de influencia, que se extiende a toda la comarca del Arlanza». Además, ignora en qué se va a ahorrar la Administración dinero, «puesto que el juzgado lermeño ocupa inmuebles cedidos por el Ayuntamiento».

«El juzgado de Briviesca no solo es necesario para el municipio sino también para una comarca muy amplia», indica José María Ortiz, alcalde de la capital de la Bureba. Comprende que haya que «optimizar recursos, pero no a costa de los habitantes del medio rural». Además, recuerda que Justicia está a punto de estrenar la nueva sede del juzgado de Instrucción y Primera Instancia briviescano, «que por cierto tiene numerosos asuntos atascados».

En las Merindades, la propuesta ha causado verdadero «disgusto». En palabras de la alcaldesa de Villarcayo, Mercedes Alzola, se trata de una decisión, en caso de tomarse finalmente, «nada acertada». En esta demarcación hay dos juzgados que atienden a una población de 24.000 personas, «en un territorio amplísimo». En su opinión, el criterio que debe guiar una reordenación judicial no solo debe ser el demográfico, sino el territorial. Además, «el norte de Burgos, no tiene nada que ver con Miranda». Se muestra más partidaria de integrarse a Burgos, «donde se viaja más para llevar a cabo otras gestiones». También pide que alguien realice un análisis para cuantificar el ahorro efectivo de esta reestructuración. El alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Marañón, está «indignado». Explica que «100 kilómetros de Burgos a Aranda no son iguales que de Merindades a Miranda».

Los abogados y procuradores de estas poblaciones también lamentan esta proposición. José Manuel de Diego, de Abogados Manrique, en Villarcayo, muestra «su desolación por el perjuicio» que va a causar en ciudadanos y profesionales. La medida les obligaría a abrir despacho en Miranda y, aun así, existe «el riesgo de perder una buena parte de asuntos, no de los vecinos de Merindades, que se mantendrían fieles, sino de las aseguradoras y y otras entidades». Eso sí, «los jueces y funcionarios se pondrán contentos, porque lo que quieren es vivir en las ciudades», dice apenado. Además, afirma con ironía, «para llegar a Miranda en una hora desde muchos pueblos habrá que saltarse muchos stops y circular a más de 100 por hora».

José Ignacio Ruiz Navazo, letrado con despacho en Salas de los Infantes, muestra su preocupación, porque «siempre acaban pagando los más débiles, los más alejados de las capitales». «Se trata de una estocada a las poblaciones pequeñas», asegura, y se pregunta por qué a magistrados, secretarios y funcionarios «les gusta tan poco vivir lejos de las grandes ciudades». No comprende la supresión «con un juzgado que se acaba de estrenar».

En Briviesca, la procuradora Natividad Santotomás se queja de una decisión que supone «un atraso». «¿Nos dejarán estrenar la nueva sede a la que estamos a punto de trasladarnos?», inquiere.

Juan Manuel de la Villa, abogado de Lerma, vaticina que los profesionales de la zona «se quedarán sin muchos pleitos que deben celebrarse en la villa ducal, ya que el territorio de esta circunscripción es muy extenso. Los clientes de Lerma «se mantendrían, pero no los de fuera, los que tienen casa en el pueblo se dirigirían a otros despachos, casi seguro».