No existe una provincia en toda Castilla y León en la que las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, junto con las policías locales de los municipios más grandes, formulen más sanciones por consumo de droga o por tenencia de pequeñas cantidades de sustancias prohibidas e, incluso, de elementos para ello (por ejemplo las picadoras de marihuana). Burgos ha ganado peso porcentual en la región debido al incremento experimentado por este tipo de intervenciones en los últimos años.En 2013 se formularon el doble de multas que en 2010. En total, 2.575 frente a las 1.264 de 3 años antes.
Desde la Subdelegación del Gobierno, lejos de achacar este incremento de multas a un repunte del consumo o a un aumento del menudeo de droga en la provincia, explican que la subida obedece a que «en los últimos años se han efectuado más controles» realizados por parte de las fuerzas de seguridad y también los medios de los que disponen. Por ejemplo, la Policía Local de Burgos ha creado una Unidad Canina que ayuda a los funcionarios a detectar este tipo de sustancias.
La Administración central añade, como otro efecto también importante, la implantación de planes de vigilancia «en las zonas de ocio y en el entorno de los centros escolares» que han servido también para detectar a jóvenes con sustancias estupefacientes (cannabis, cocaína...) o psicotrópicas (LSD, éxtasis...).
A estas razones la Subdelegación del Gobierno añade otro motivo para justificar que el volumen de multas en Burgos sea sensiblemente mayor al de resto de las provincias de la región. Sin ir más lejos, quintuplicó en número a las que se interpusieron en Valladolid (473) y superó de largo a las que se realizaron en Salamanca (1.753). Esta diferencia tan grande se debe a que «esta provincia cuenta con una red de carreteras muy extensa, con un importante tránsito de vehículos» y donde «son frecuentes», aunque solo sea por las dimensiones del territorio y por su ubicación geográfica, «los controles de la Guardia Civil».
Si bien se descarta que exista un interés porque aumente la recaudación de la administración, lo cierto es que el incremento de las sanciones se traduce necesariamente en un aumento de los ingresos. La multa mínima es de 300 euros, la más habitual, aunque la cantidad depende de la sustancia aprehendida por los agentes, de la cantidad y de la reincidencia del infractor.
No en pocos casos, ante la imposibilidad de notificar estas denuncias la Delegación del Gobierno en Castilla yLeón publica las resoluciones de los expedientes sancionadores en el Boletín Oficial de Castilla yLeón. Aunque la administración no consigue ingresar todo lo que reclama (hay quien no paga, quien reclama, hay multas que prescriben porque el procedimiento no ha sido ágil...), la teoría dice que la recaudación por las sanciones interpuestas en 2013 en la provincia de Burgos no debería ser inferior a los 772.500 euros. Eso, en el supuesto de que en todos los casos se hubiera exigido el importe mínimo.
Otra de las razones, aunque excepcionales, por las que la administración puede dejar de cobrar una sanción es porque ella misma la perdona. Lo hace en los casos en los que, «a instancia del ciudadano», el infractor se ofrece a someterse a un tratamiento de deshabituación en un centro acreditado. En la provincia de Burgos hubo 27 multas que se anularon por personas que habían realizado esta solicitud. Eso sí, la primera exigencia es comprobar que quienes se benefician de esta medida «sean consumidores habituales de dichas drogas o sustancias». En estos casos, se contempla desde la posibilidad de un internamiento de la persona a la que se le han encontrado la sustancias prohibidas, hasta visitas periódicas al centro que le haga la revisión.
ANÁLISIS
El proceso desde que los agentes que patrullan la provincia de Burgos interceptan una sustancia prohibida arranca con la denuncia de las fuerzas de seguridad y la apertura de un expediente administrativo. A partir de ese momento, la unidad de Sanciones se hace cargo del procedimiento y la dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno hace el pesaje y toma unas muestras que son trasladadas a Valladolid para determinar el tipo de droga incautada. Cuando se confirma la sustancia, se inicia el procedimiento para comunicar la multa al interesado. En el caso de que se advierta que la infracción puede ser constitutiva de un delito penal, se deja de trabajar en este castigo económico y se da traslado al Ministerio Fiscal.
DELITOS
Según las cifras oficiales que el Ministerio del Interior facilita trimestralmente en su página web, los delitos de tráfico de drogas también se incrementan en la provincia. En el primer semestre de este año(último balance publicado se registraron 27 operaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a las 23 contabilizadas entre enero y junio de 2013 (un 17% más).