La chimenea del Ayuntamiento arandino emitió ayer por fin ‘fumata blanca’. Tras varias semanas de negociaciones PP, PCAL y CCD rubricaron ayer en el despacho de la Alcaldía un pacto de gobierno tripartito que dotará de estabilidad al Consistorio de la capital ribereña hasta el final del mandato, poniendo fin a nueve largos meses de vacilación e inseguridad.
El parto, según reconocían todos los actores, ha sido largo - la alcaldesa Raquel González, confesaba que ha venido trabajando en pos de este acuerdo desde antes incluso de su investidura, pero sin dolor «porque no venía de nalgas», ya que la situación de bloqueo en que estaba sumido el Consistorio ha allanado el terreno para alcanzar un acuerdo que reclamaba a voces la ciudadanía.
El grupo municipal popular suscribió un compromiso de gobernabilidad con el concejal centrista Alfonso Sanz, similar al sellado el 7 junio del año pasado con los castellanistas, por el que éste se compromete a apoyar con su voto la acción de gobierno, especialmente los presupuestos, hasta el final del mandato y por el que ambas partes se comprometen a impulsar diversas actuaciones en materia de infraestructuras o en temas como el asunto de la Plaza de Toros, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana o un nuevo hospital.
En compensación, Alfonso Sanz se hará cargo de las concejalías de Comercio y Turismo, delegadas hasta ahora en el popular Javier Rojas, y será nombrado miembro de la Junta de Gobierno Local, con voz y voto, ocupando la plaza a la que va a renunciar la edil castellanista Elia Salinero.
Fruto de este acuerdo, que garantiza la mayoría absoluta que reclamaba con urgencia el PCAL, los comuneros han decidido dar un paso más allá del pacto de estabilidad que suscribieron y van a asumir responsabilidades de gobierno. El portavoz del grupo municipal, José Ignacio Díez, ha aceptado la Concejalía de Obras y Urbanismo y la presidencia de dicha comisión informativa.
Para salvar el principal escollo que planteaba el hecho de que la alcaldesa, Raquel González, traspasase con total autonomía al PCAL el área de Obras y Urbanismo: la resolución del conflicto de la plaza de toros, donde los castellanistas, que no respaldaron la concesión de la última licencia para la celebración de los festejos de 2011, parecían firmes en su postura de «tolerancia cero» y de exigir al empresario el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas, mientras que los populares parecen más favorables a algunas concesiones para zanjar de una vez por todas este asunto y legalizar la instalación, se han sacado de la chistera una sorprendente decisión que pasa por intentar dar carpetazo a este asunto antes de ceder los trastos.
CONDICIONADA
Así, se ha incluido como condición, que la incorporación de Alfonso Sanz y José Ignacio Díez a sus nuevas responsabilidades no se hará efectiva hasta que el PP presente en comisión informativa una propuesta de «solución global» al asunto del coso taurino. Una propuesta de la que no se avanzó el contenido, aunque todo apunta a que irá encaminada a conceder el uso excepcional en suelo rústico para la construcción del aparcamiento, y para la que el portavoz popular, Emilio Berzosa, no se atrevió a dar plazos, aunque la alcaldesa reconoció que será «en breve» y se podría plantear en 15 días o un mes.
Como contraprestación, el grupo municipal popular se compromete a habilitar una partida en los presupuestos de 2012 para realizar una auditoría externa e independiente sobre todo lo relacionado con la plaza de toros, tal y como contemplaban en sus programas electorales tanto PCAL como CCD. Un trabajo que, según apuntó Berzosa, podría costar entre 12.000 y 18.000 euros, y cuyo objetivo, según dejó claro, «no es aportar soluciones, es para ver la trazabilidad de todo lo que se ha hecho con la plaza de toros desde que se vendieron los terrenos» con vistas a dar «una transparencia total» en el proceso de lo que ha sido. Sin embargo, inquiridos sobre si el fin es depurar responsabilidades, la regidora señaló que eso va a depender de las conclusiones que arroje el estudio.