Al día siguiente de que hubiera concluido el plazo legal para que Nuclenor solicitara la renovación de su permiso de explotación hasta 2019, la empresa no había modificado ayer ni un ápice su postura y seguía insistiendo en que «no renuncia a continuar operando la central, pero necesitamos clarificar la situación regulatoria para despejar las incógnitas sobre la viabilidad económica de la empresa». Casi todas las miradas en la comarca y en las eléctricas apuntaban hacia el Ministerio de Industria, al que fuentes del sector acusaban de haber provocado la decisión de Nuclenor por un motivo: «su apuesta por las tecnologías más caras de generación eléctrica».

Si la energía eléctrica que produce Santa María de Garoña en un año, que son alrededor de 4.000 gigavatios hora, fuera generada por plantas fotovoltaicas o termosolares se dispararía el coste anual de 160 a 1.320 millones de euros, según calculan estas mismas fuentes. O lo que es igual, los consumidores deberían abonar en su factura de la electricidad ese sobrecoste de 1.160 millones y eso «implicaría un incremento del coste global de la energía eléctrica en España de casi un 8%, que repercutiría, sin duda, en el maltrecho bolsillo de los consumidores».

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y su reforma energética buscan acabar con la gran diferencia que existe entre lo que pagamos los consumidores y lo que cuesta realmente la generación de electricidad y las primas que reciben las renovables. Para acabar con ese déficit anual de 6.000 millones de euros anunció en julio nuevas tasas e impuestos para hidroeléctricas y nucleares, lo que para el sector significa que «se potencian tecnologías más caras que cuestan hasta 460 euros por megavatio hora, como las fotovoltaicas y las termosolares, y se está propiciando el cierre de plantas convencionales que cuestan menos de 50 euros por megavatio hora», que es el caso de Garoña.

Pero el Ministerio de Industria no ha pasado de los anuncios y no ha dado forma legal a su reforma ni ha decidido a cuánto ascenderán esos impuestos, que según indicó en julio podrían gravar con 10 céntimos cada megavatio hora producido. De ser así, Nuclenor (propiedad al 50% de Iberdrola y Endesa) debería desembolsar al año del orden de 40 millones de euros más en impuestos que se sumarían a los 120 millones de euros que le exigen en inversiones.

Ante esta tesitura, ayer había posturas muy diferenciadas. Los alcaldes de Las Merindades exigieron al Ministerio de Industria que de certidumbre a Nuclenor e informe ya de sus planes para las eléctricas. El alcalde tobalinés, Rafael González Mediavilla (PP), destacó que «es importante que la central funcione con plenas garantías de seguridad, pero todo el tema de las eléctricas se ha de solucionar cuanto antes, porque si no hay una gran incertidumbre en Garoña y en todo el sector». «El Gobierno es imprescindible que de a conocer sus directrices de forma clara», abogó González, para quien «esta incertidumbre solo sirve para que sucedan estas calamidades».

En la misma línea el alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Marañón (PP) dijo que «no entendemos que el Ministerio de Industria no haya contestado a las peticiones de información que le ha hecho Nuclenor sobre la reforma del sector energético». A ello añadió que «tal y como está la economía, presionar a Nuclenor y ponerla contra las cuerdas con nuevas tasas e impuestos, creo que es ir cerrando la puerta poco a poco, porque no podrían llegar a pagarlos». «Comprendo que el Gobierno tiene que recaudar en una situación tan difícil como ésta, pero apelo al sentido común», concluyó López, quien como el resto de alcaldes mostró su gran preocupación por los trabajadores.

La alcaldesa de Villarcayo, Mercedes Alzola (PP), también señaló que «es una lástima que no se haya pedido la prórroga por no disponer de información» y añadió que «la Junta y el Gobierno deberían haber dado respuesta a la empresa y cuantificar los impuestos».

Que pague

En el lado contrario, el secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia, indicó que «mantiene la posición que ha mantenido siempre -la del cierre- y si sigue funcionando va a seguir solicitando que la actividad de Garoña sea gravada con impuestos para que una parte de sus beneficios reviertan en crear empleo en nuestra Comunidad Autónoma». Su homólogo en Burgos, Luis Tudanca, abogó por retomar el Plan Garoña.