El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cifró ayer en 2.200 nuevos empleos y una inversión de 78 millones la repercusión de Plan Estatal de Vivienda en su apartado destinado a la rehabilitación y regeneración urbana en los próximos tres años.
Herrera realizó estas declaraciones tras la firma con la ministra de Fomento, Ana Pastor, del convenio para la ejecución de un plan que en Castilla y León cuenta con un presupuesto de 56,6 millones, de los que 43,5 serán aportados por el Gobierno. De esta cantidad, 18,9 millones se destinarán a ayudas al alquiler y el resto a rehabilitación. En este sentido, el presidente adelantó que se esperan 16.700 actuaciones, de las que 7.900 corresponderán a obras y el resto a ayudas al alquiler.
El presidente explicó que este nuevo plan responde a un cambio de filosofía en las políticas de vivienda provocado por la «prolongada crisis económica», el ‘stock’ de viviendas y el desplome del sector de la construcción. «Además de tener la obligación de hacer efectivo el derecho constitucional de todos los ciudadanos de acceder a una vivienda digna, con este plan también queremos contribuir a la generación de riqueza y empleo, especialmente en un sector necesitado de alternativas como es el la construcción», aseveró.
A su vez, repasó las iniciativas legislativas tomadas por la Junta en favor del alquiler y la rehabilitación, entre las que destacó la Ley de Medidas Urgentes en Vivienda, de diciembre de 2013, y el proyecto de ley de Medidas de Rehabilitación, que será debatido en el próximo pleno de las Cortes, y destacó que para acabar con el ‘stock’ de viviendas y facilitar el acceso a las personas con menos recursos es necesario fomentar el alquiler.
Además, Herrera subrayó que en la concesión de ayudas al alquiler tendrán preferencia los afectados por desahucios y se tendrá en cuenta el conjunto de renta familiar, y explicó que además de la reactivación económica, gracias al plan de rehabilitación se pretende mejorar la calidad de las viviendas y su eficiencia energética.
Por su parte, Ana Pastor indicó que en total, sumando las ayudas destinadas a la subsidiación de préstamos hipotecarios, la inversión que recibirá Castilla y León será de 116 millones, e insistió en que el objetivo del Gobierno, además de mejorar la seguridad jurídica de los alquileres, es reducir las viviendas vacías y actuar en los más de cinco millones de viviendas que tienen más de 50 años.
Además, la ministra resaltó que las ayudas al alquiler se concederán en función del conjunto de ingresos familiares y «se han acabado las ayudas para alquileres de 1.600 euros al mes».