Magistrado de 53 años, es uno de los especialistas en materia civil que trabajan en Valladolid. Está al frente de Primera Instancia 9 y, desde hace un año es, además, el presidente de la sección territorial de la APM(la Asociación Profesional de la Magistratura es la agrupación mayoritaria de la carrera judicial) en Castilla yLeón, un cargo desde el que quiere mejorar el estado de salud de una Justicia que volverá a ir a la huelga este lunes, con jueces y fiscales a la cabeza, con una lista de reivindicaciones en la que se entremezclan demandas en pos de avances en el ámbito laboral (una mejora retributiva, la convocatoria  de más plazas...) y otras de mejoras del funcionamiento del sistema que, aseguran, revertirían en un «mejor servicio al ciudadano».

¿Por qué van a la huelga el día 19?

Porque no se han atendido nuestras reivindicaciones. Ni sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) ni todas las funcionariales, porque somos un poder del Estado, pero, al mismo tiempo, somos también funcionarios. Ha habido una mesa de negociación con el Ministerio desde hace meses, pero aquí se ha retrasado todo por el cambio entre el equipo del señor Catalá y el de la señora Delgado, y al final no se ha llegado a concretar nada de lo que se viene pidiendo en este tiempo, ni sobre el expediente digital, ni nada del tema de retribuciones, ni sobre la equiparación de nuestra condición de funcionarios con la del resto de funcionarios...

¿Es una huelga contra el Gobierno o contra el sistema?

No, no, aquí el color del Gobierno no importa. Se planteó antes huelga contra el Ministerio de Justicia del señor Catalá (PP) y ahora contra el de la señora Delgado (PSOE), que, por cierto, la ministra participó en la huelga anterior. Los jueces tenemos una difícil papeleta, porque somos los únicos funcionarios que, a la vez, somos un poder del Estado. Y, por ello, hay mucha reticencia al hecho de ir a la huelga por parte de un juez, pero, claro, la gente tiene también sus derechos desde el punto de vista personal, económicos, de medios con los que trabajar... Aquí todos los jueces y magistrados de España queremos tener tiempo, hacer un trabajo racional y estar retribuidos bien; si no se producen todas esas circunstancias como funcionarios y, si como poder del Estado, tampoco se respeta lo que dice la ley o se hace una interpretación particular de los partidos políticos del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial... pues el último remedio es ir a la huelga, aunque es algo que no nos gusta, porque, por regla general, el Poder Judicial no quiere hacer huelga.

¿Qué le parece la forma en que se ha llevado a cabo la renovación del Pleno del Consejo General del Poder Judicial?

Es nuestra reivindicación principal, no la de la APM, sino la de las siete asociaciones de jueces y fiscales. Aunque sabemos que es una batalla perdida en estos momentos, ya que los partidos políticos, a través del Parlamento, siguen designando a los veinte vocales y la APM, y el resto de las asociaciones, no lo quiere así. Lo que pedimos, lo que se lleva tiempo pidiendo es que seamos los jueces los que elijamos a doce de los veinte miembros del CGPJ, que es lo que dice la Constitución Española, por otra parte.

¿Les incomoda esa sensación de ‘reparto de cromos’ en el tema de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial?

Incomoda, y mucho. A los jueces no nos gusta nada esta imagen de un ‘reparto de cromos’ entre partidos políticos para renovar el Pleno del CGPJ. Es que lo dice todo... Lo ideal sería unas elecciones libres, por sufragio universal de los jueces en servicio activo y que se pudiese escoger a los doce vocales del CGPJ. Es que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial no es un órgano corporativo, sino que hablamos de un órgano que tiene funciones ejecutivas y de gobierno de todo un poder del Estado; con lo cual es lógico que pidamos esto. No tiene nada que ver con lo que ocurre con el Consejo Fiscal, por ejemplo, que quizá no tiene unas funciones tan ejecutivas, que sí tiene la Fiscalía General del Estado, pero el Pleno del CGPJ sí las tiene. No tiene parangón con ningún otro consejo, porque es un poder del Estado.

¿Por qué dice que no se cumple con lo que determina la Constitución Española?

Es que la Constitución Española lo que dice es que tienen que formar parte del Consejo doce magistrados en servicio activo y ocho juristas, pero no dice cómo se deben elegir esos doce jueces y magistrados. Las asociaciones pedimos que sea a través de elección directa de todos los jueces en activo. El artículo 122 de la Constitución viene desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, a partir de ahí, pues es el poder político el que tiene la capacidad de legislar... Y ahí lo dejo, porque, claro, nosotros ahí sí que no podemos ya hacer nada.

¿La elección de los vocales a través de los propios jueces garantizaría una despolitización del Consejo del Poder Judicial?

Ahora está claro que la elección de los vocales del CGPJ es un tema de carácter político, puesto que ejerce funciones gubernativas sobre el Poder Judicial, que es un poder del Estado. Tiene una composición mixta de juristas y jueces en activo y la crítica viene por el hecho de que todos los Gobiernos, ya sea de PP o de PSOE, siempre se han arrogado esa función y ellos han designado esos doce jueces. Nosotros creemos que sería mejor una elección libre con votación de los jueces. Al ser un colectivo de 5.500 magistrados, las elecciones serían libres y difíciles de controlar; los partidos políticos funcionan de otra manera, con otro tipo de intereses... 

¿Se hace demagogia cuando se les critica porque determinados asuntos de corrupción política hayan estado diez años en fase de instrucción?

Por supuesto que sí. Tenemos un problema de comunicación de nuestro trabajo a la opinión pública. A diferencia del sistema americano, donde la acción penal está solo en manos del fiscal, en España, existe una acción penal por parte del fiscal, pero también por las acusaciones particulares y populares; y a su vez, con muchos investigados, cada uno con su abogado defensor, claro está. Todo ello deriva en que puede haber una ‘macrocausa’ de este tipo con veinte partes presentándote escritos y recursos, que obliga a un trabajo brutal y no se puede avanzar, ya que, cada resolución que dicta el juez de Instrucción se puede recurrir y hay que dar traslado a veinte partes, con sus escritos, sus recursos... Y todo ello, unido al hecho de que ese juez lleva no sé cuantas diligencias más, celebra juicios por delitos leves, tiene guardias cada cinco semanas... pues todo lleva un tiempo.