La oposición dio a conocer ayer, tras la Comisión Extraordinaria de Hacienda, la deuda con proveedores actualizada a 15 de marzo. La cantidad asciende a 65 millones de euros, por lo que si descontamos los 23,2 que suman las facturas enviadas por el equipo de Gobierno municipal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el miércoles, aún quedarían pendientes de pago otras tantas por importe de más de 42 millones. Esto significa que la cantidad que se va a acoger al plan impulsado por el Gobierno representa un tercio del total y, si dividimos el montante final entre los 175.000 habitantes de Burgos nos da una media de 371,4 euros.
El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, recordó ayer que en esa cuantía se incluye lo que se deriva de convenios, líneas de subvención y colaboraciones con otras administraciones públicas y también hizo hincapié en que aún está pendiente «el traslado del remanente» del año 2011 al 2012, un paso que permitirá pagar algunas subvenciones que están a cargo del presupuesto del ejercicio pasado. Y respecto a la deuda con las administraciones, aseguró que «se llegará a una compensación de deuda» .
«Desfase en los ingresos»
Igualmente hizo hincapié en que parte de la situación actual se debe al «desfase» en los ingresos de hasta el 31% en el año 2011, «volviendo a los niveles de 2006».
Asimismo, avanzó en rueda de prensa que ahora los servicios del área que dirige están volcados en la elaboración del Plan de Ajuste que exige el Estado y que va a definir cómo el Ayuntamiento va a hacer frente al crédito que se le va a conceder para el pago a proveedores. Y advirtió que «va a ser difícil porque las variables económicas a diez años es imposible predecirlas», subrayó.
Preguntado por cómo valora su grupo político la situación de las arcas locales con respecto a otros ayuntamientos, De Foronda dijo que «este equipo de Gobierno no puede estar satisfecho cuando se debe dinero. Pero además, cada uno debe pensar en su entorno y en cómo adoptar soluciones». Y destacó que «lo importante es que nosotros dijimos la verdad y contamos a los ciudadanos cuál era la situación antes de que se conociera el Real Decreto del Gobierno».
Por último, y respecto a por qué apuró hasta el último momento el Ayuntamiento en el envío del listado a Madrid, el edil de Hacienda fue tajante: «El Real Decreto establece que sean los interventores quienes desarrollen esa función. Por tanto, son ellos los que han marcado los plazos y las pautas», concluyó.