La decisión del Supremo de cargar a los bancos el impuesto de la hipoteca, anunciada el jueves, y la posterior congelación de esta sentencia por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo un día después ha dejado «asombrados» a los ciudadanos que han firmado, o están a punto de firmar, un préstamo para la compra de una vivienda. Así lo confirman algunos notarios de Burgos, que ya han visto cómo algunas rúbricas se han paralizado y entienden que los bancos mantendrán «en compás de espera» muchos procesos recién iniciados hasta que se resuelva el problema en el pleno del Tribunal.
«El comprador sabe que tiene que volver a hablar con su banco para saber si esa hipoteca que había prometido firmar mañana se va a hacer o no», indica Juan Manuel de Palacios Gil de Antuñano, que explica que «las instituciones bancarias en Burgos están sopesando si darle la hipoteca a un cliente cuando ya se han comprometido con él o no hacerlo en espera de lo que resuelva el pleno del Tribunal Supremo».
«Por norma general -cree este notario burgalés-, si la hipoteca está muy concedida y próxima a la firma (mañana o pasado mañana), casi todas se concederán», porque «entiendo que los bancos no pueden paralizar de golpe algo que está cerrado y fechado», pero «si la negociación está al comienzo, todo ello se detendrá», advierte.
De Palacios augura que la «dura» sentencia del Supremo, en suspenso por el momento, puede tener «unos efectos sociales, fiscales, económicos y bancarios gravísimos» si se ejecuta porque «los que han firmado la hipoteca hace 5, 10, 15 o 25 años (no solo las de los últimos cuatro) tendrían la posibilidad de reclamar a su banco la devolución del impuesto hayan o no cancelado su préstamo».
En Burgos, según publicó ayer DB en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, se firmaron en la provincia 14.154 operaciones hipotecarias entre julio de 2014 y julio de 2018 por un importe de 1.421,9 millones de euros. De esta manera, en un supuesto de retroactividad a cuatro años, la devolución de los gravámenes supondría entre 21,3 y 31,9 millones porque el valor del impuesto de actos jurídicos documentados en la región es del 1,5% sobre el riesgo de la hipoteca.
«Los bancos están asustados y todavía están estudiando qué hacer; los clientes que se han embarcado en la compra de su casa con hipoteca lo tienen más fácil porque ya han asumido el pago del impuesto de actos jurídicos documentados y si la sentencia se mantiene, lo recuperarán de Hacienda», concluye el notario Juan Manuel de Palacios Gil de Antuñano.
Mientras, Facua aconseja a los usuarios que firmaron una hipoteca entre septiembre y octubre de 2014 que presenten con urgencia una reclamación a la Hacienda autonómica para solicitar la devolución del impuesto a fin de evitar que prescriba el plazo.
colapso. Desde elColegio de Abogados de Burgos se temen que la próxima resolución del Supremo agrave aún más el «progresivo» colapso que sufre el juzgado que en la provincia se encarga en exclusiva de todos los asuntos hipotecarios (cláusulas suelo, gastos...) y que señala ya para bien entrado 2019, explica su decano, Guillermo Plaza. En la actualidad existe un turno de oficio especializado en estos asuntos que en 2017 gestionó 62 expedientes, aunque atendió muchas más consultas.