El Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos ha condenado a la funcionaria del Ayuntamiento de Burgos P.M.M. a 6 meses de prisión y multa de 6 euros diarios durante el mismo periodo por la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil, y a otros 3 meses de cárcel (en este caso sin multa) por el delito de estafa en grado de tentativa.
Es la consecuencia del juicio celebrado a finales de mayo por unos hechos que arraigan en julio de 2012. Fue entonces cuando la ahora condenada, que manifestó a este periódico su intención de recurrir el fallo, presentó una factura del dentista por valor de 892 euros al fondo social del Ayuntamiento, lo que le da derecho a percibir una ayuda por la mitad del importe abonado en la clínica.
En teoría, esa factura se correspondía con la segunda parte de un tratamiento por el que ya había percibido la misma cantidad en enero de 2011. Sin embargo, los funcionarios que revisaron la petición advirtieron que se trataba del mismo documento pero con la fecha y la numeración de las piezas dentales modificadas, motivo por el que pusieron lo ocurrido en manos del departamento de Personal.
Al advertir indicios de delito, el caso fue trasladado a la Fiscalía, que terminó solicitando la apertura de juicio y la imposición de la citada multa y de 8 meses de cárcel por el delito de falsedad y 5 más por el intento de estafa.
Durante el juicio la acusada alegó que todo fue fruto de una «confusión», añadiendo su defensa que la falsificación era demasiado burda como para ser creíble. Sin embargo, la jueza considera «probado» que la acusada modificó la factura «con el fin de que le fuese consignado un importe mayor» del que en realidad había costado la segunda parte del tratamiento (700 euros).
Obtener beneficio
Considera además de que «no hay duda de que la factura es falsa» y que el argumento de la «confusión» en ningún momento «explica el motivo por el cual la modificó». Tampoco admite que se tratara de una «burda» falsificación incapaz de inducir a error al entender probado que la factura en cuestión tenía una plena apariencia de autenticidad y que la falsificación «no se percibe a simple vista».
En cuanto a la estafa, la sentencia señala que «se encamina a provocar el engaño aparentado creando una ficción para provocar un error en el destinatario con el fin de obtener la ayuda social en cuantía superior».
Por todo lo expuesto, el fallo condena a P.M.M. a penas que suman nueve meses, reduciendo la petición inicial del Ministerio Fiscal (13 meses) al grado mínimo atendiendo a la inexistencia de antecedentes penales por parte de la funcionaria. Sí mantiene la multa solicitada, por considerar que la trabajadora tiene sobrada solvencia económica para hacer frente a la misma. Si es recurrida, será la Audiencia quien vea la sentencia.