El Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo pleno está integrado por destacados representantes del PPy PSOE regional, examinó y consideró procedentes en dos dictámenes públicos emitidos en 2010 y 2012 -y aprobados por unanimidad del plenario- los modificados del contrato de concesión de la obra pública para la construcción y explotación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), que en conjunto suman un extra de 337,5 millones de euros (incluyendo el IVA) por encima de los 242,8 millones de la inversión inicialmente prevista.

Este sobrecoste, que los socialistas criticaban la pasada semana porque «nunca ha sido explicado» y que pretenden denunciar ante el Tribunal de Cuentas por considerarlo «uno de los mayores escándalos en los contratos públicos de este país», fue considerado en su día por el máximo órgano consultivo de la Comunidad -con representación de los dos partidos mayoritarios pero que goza de independencia orgánica y funcional- como «suficientemente justificado» en sus causas y cumplidor de «todos los requisitos de procedimiento exigidos por el ordenamiento jurídico».

Fruto de estos cambios, y según constató el Consejo Consultivo en sus dos exámenes de carácter no vinculante, el importe total del contrato de concesión se eleva hasta los 1.395,5 millones de euros, a pagar por la Junta de Castilla y León hasta el año 2037. Es decir, 385,4 millones más de los aprobados en febrero de 2006, pero lejos de los más de 2.000 millones que hace unos días contabilizaba el secretario provincial del PSOE, Luis Tudanca, y que consideraba «una absoluta aberración por la que exigiremos responsabilidades».

Datos públicos

Los dos dictámenes -se han realizado hasta 4 del HUBU en los últimos tres años- son públicos y accesibles en la web del organismo (www.cccyl.es) presidido por el ‘popular’ Mario Amilivia y recogen pormenorizadamente, con fechas, cifras y registro de diferentes autorizaciones, los pasos que ha ido dando el proyecto del complejo hospitalario burgalés.

En el dictamen fechado el 25 de noviembre de 2010 (número 1.377/2010)y examinado, entre otros, por los expresidentes regionales socialistas Demetrio Madrid y Constantino Nalda (que además fue ponente del trabajo), se analiza el modificado de contrato por valor de 157,6 millones, que, según se detalla en las consideraciones jurídicas, supone un incremento superior al 20% del importe de la obra inicialmente previsto.

Este informe da por «suficientemente acreditadas» las necesidades detectadas para la modificación del contrato. La primera se refiere al incremento en un 6,5% de la población del Área de Salud de Burgos entre 2002 y 2009 y la designación del HUBU como centro y servicio de referencia de atención especializada, como centro de referencia de La Rioja y como servicio de referencia en segunda opinión médica. Ello conllevaría modificaciones en el proyecto de la zona de hospitalización, servicios ambulatorios, servicios centrales de diagnóstico y tratamiento, unidades de servicios generales y unidades de soporte logístico.

La segunda necesidad se refiere a la condición de hospital universitario, que conlleva mejoras. La inclusión del Divino Valles en el Complejo Asistencial, en tercer lugar, implica ajustes en el edificio industrial y el sistema de comunicaciones y logística de pacientes.

El cuarto cambio plantea la reubicación del aparcamiento en la zona sur para poder ubicar el edificio industrial. El quinto, prevé la construcción del helipuerto.

En el capítulo meramente económico, el dictamen también considera «lógica y necesaria» la modificación del contrato y del pago mensual a la concesionaria «como consecuencia de las nuevas circunstancias resultantes de la modificación del proyecto y del incremento del importe total de las obras inicialmente previsto».

Haciendo constancia de que ni la Intervención General de la Comunidad formula reparos a esta compensación y que el contrato de concesiones públicas así lo recoge, elConsejo Consultivo considera que está acreditado el desequilibrio económico (el primero) y que éste vaya con cargo a ejercicios futuros, lo que, entre otras cosas, ha elevado el canon anual que la Junta paga la concesionaria de 38 millones inicialmente estipulados (en 2013 ascendió a 71 millones y este año a 61).

La modificación del proyecto de obras, concluye, tiene como «consecuencia lógica» la ampliación del plazo de ejecución de las mismas en 7 meses (49 en total).

Segundo dictamen

Constantino Nalda vuelve a ser consejero y ponente del segundo dictamen (número 605/2012) sobre la modificación de 179,9 millones de euros para equipamiento del HUBU y las obras necesarias en su interior, que concluye en parecidos términos aprobatorios que el primero. Junto al expresidente de la Junta, firman el informe fechado el 27 de septiembre de 2012 el socialista vallisoletano Ángel Velasco Rodríguez, además de otros representantes del PP.

En este segundo modificado  también es necesario el restablecimiento del equilibrio económico-financiero con la concesionaria, en el que pesan, entre otros conceptos, el aumento de los márgenes bancarios por los cambios en el mercado financiero, el coste financiero por la creación de un fondo de reserva para el servicio de deuda de la nueva financiación y los costes adicionales de asesores y notarios, entre otros.

El segundo reequilibrio financiero se autorizó el 13 de agosto de 2012, aunque Eficanza alegó en contra al considerar que no se le compensaban  el aumento de los márgenes bancarios y los gastos de asesores externos y comisiones de agencia, lo que podría llevar a la resolución anticipada de la concesión. Esta disconformidad no fue compartida por el Consejo Consultivo, que se sumó al criterio de la Asesoría Jurídica de la Gerencia Regional de Salud.

Tras una amplia argumentación jurídica sobre esta discrepancia, el organismo consultivo considera procedente la nueva modificación del contrato de concesión y justificadas sus causas. La resolución, como ya pasó en 2010, tiene el ‘sí’ unánime del plenario.