El pasado verano el Ayuntamiento de Burgos sacó a concurso público el otorgamiento de la concesión administrativa de uso privado de un solar municipal sito en la calle Pozanos, 35, muy cerca de los accesos principales al Hospital Universitario. No se asusten, llevado a mínimos, ese procedimiento significa que la ciudad cede a una empresa privada un suelo durante un determinado número de años y, a cambio, obtiene un canon o alquiler que va directo a las arcas públicas locales.
La única empresa que acudió al llamamiento fue un operador madrileño, que planteó su intención de acceder a dicha parcela, de 3.500 metros cuadrados y destinada a equipamientos, para construir en ella un supermercado (al que dedicaría 1.000 metros cuadrados), un local de hostelería (250 metros) y un aparcamiento, que ocuparía el resto del espacio.
Dicho aparcamiento se efectuaría en superficie y en una primera fase tendría 96 plazas al aire libre, si bien se plantea la posibilidad de aumentar su capacidad ‘en altura’ utilizando el desnivel existente entre la avenida Islas Baleares y la calle Pozanos. La tarifa, según se recogió en el estudio económico financiero presentado por la empresa, sería de 0,0168 euros por minuto más IVA, quedando reducidas para los clientes del supermercado. En comparación con el precio de un aparcamiento del centro, su coste sería sensiblemente inferior, y todavía mucho más barato que el del párking del Hospital.
el problema. Pero el proyecto ha quedado congelado debido a la negativa de los técnicos municipales a estudiar la propuesta al entender que los usos que se pretenden para ese suelo no concuerdan con los que dictamina el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. Concretamente, se subraya que un párking no aparece reflejado como «equipamiento» en el documento en cuestión, aunque sí se le reconoce el carácter dotacional.
Sí admiten en el uno de Plaza Mayor que cabría la posibilidad de ejecutarlo siempre y cuando fuera un uso complementario al ‘súper’, pero nunca al revés, como se desprende del reparto de la superficie disponible. Además, en el área de Planeamiento consideran que no ha quedado suficientemente justificada la necesidad de un aparcamiento en el lugar en cuestión, aunque no es menos cierto que el técnico informante hace una alusión a que el espacio disponible en el HUBU se gobierna con una política de precios que no facilita su uso por parte de todos los ciudadanos, si bien esa es una consideración añadida, no un argumento jurídico. Por tanto, la respuesta fue la negativa a informar sobre la conveniencia o no de admitir la propuesta.
El inversor, por contra, contestó a la negativa (ya en noviembre) defendiendo que el PGOU es una norma de menor rango jurídico que el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y que, a su modo de ver, dicho texto sí admite el aparcamiento como un ‘equipamiento’ al no contemplarlo dentro de ningún otro uso posible. Es decir, lo que plantea es un error en el Plan General al entrar en conflicto con un Reglamento al que está sometido.
Concretamente, se señala en el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que se ha hecho una «interpretación rigorista y errónea» de la normativa vigente, ya que tampoco cabe la posibilidad de considerar este planeamiento como ‘asumido’ del anterior PGOU.
A tal fin se elevaron las consultas pertinentes a la administración que, al menos en primera instancia administrativa, puede ayudar a aclarar cuál de las dos interpretaciones está, sobre el papel, en lo correcto. Esa respuesta, que a juicio de las fuentes municipales y privadas conocedoras del caso «es inminente», dictaminará los pasos a seguir, ya que el inversor ha mostrado su decidida voluntad de continuar adelante. Si puede, claro.