El exjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) Juan Antonio Huidobro mantuvo hoy que las sedaciones paliativas las suministró aplicando el protocolo establecido, para “evitar sufrimiento” de los dos pacientes y con el consentimiento verbal de sus familiares.

Lo hizo durante su declaración en la primera sesión de la vista oral del juicio de las sedaciones, que tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos y que se desarrollará hasta el próximo 14 de diciembre a lo largo de ocho sesiones. “El paciente tiene que morir con dignidad”, sostuvo.

El exjefe de Medicina Interna del HUBU se enfrenta a 26 meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación por dos sedaciones irregulares que practicó a finales de 2014 y principios de 2015. El Ministerio Fiscal le considera presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional y otro de lesiones por imprudencia grave profesional. Además, la Fiscalía solicita una indemnización por 123.000 euros por el daño moral causado en el caso del anciano (15.000 euros) y la supuesta mala praxis en el caso de la mujer (108.000 euros).

Durante más de tres horas, el que fuera responsable del Servicio de Medicina Interna se sometió a las preguntas del Ministerio Fiscal, la acusación particular y a las de su letrado defensor. Así, admitió que suministró sedación paliativa a estos pacientes; al anciano de 95 años, con iniciales I.C., a principios de 2015 y a la mujer M.C.B., de 77 años a finales de septiembre de 2014.  

En el primer caso, aseguró que el paciente ingresa procedente de una residencia de ancianos de la localidad burgalesa de Canicosa de la Sierra con un cuadro que definió de “paciente con un proceso consultivo tumoral añadido una infección respiratoria” y con “disnea, anemización importante, desorientación, anorexia, inmovilización…”. “El paciente presentaba una opacidad y aplicamos una sedación paliativa frente a un síndrome que era la disnea”, fundamentó.

Y lo aplicó, explicó, “no en la agonía sino frente a un síntoma refractario que es la agonía”. “Esa disnea generaba sufrimiento”, aseveró, y reiteró que “la disnea solo lo puede detectar un clínico y no una enfermera, que es la que auxilia pero sin capacidad clínica” para negar que esta disnea pudiera haber pasado desapercibida previamente por el Servicio de Urgencias o por las enfermeras del Servicio de Medicina Interna.

Ante este cuadro médico, Huidobro defendió que “no había otra forma para atajar la disnea” que la sedación paliativa. Aseguró que se reunió en su despacho con el sobrino del paciente y la mujer del primero para informarles de la situación dado que “el paciente no estaba en condiciones de dar su consentimiento al estar desorientado en tiempo y espacio” y relató que éstos le trasladaron que “no se hicieran maniobras invasivas” porque “no querían que sufriera su tío y que no se realizaran más pruebas”.

Por ello, se aplicó la sedación paliativa si bien se revirtió al poco tiempo ante la petición de otros familiares que acudieron a visitarle con posterioridad. Días más tarde fue dado de alta con neumonía de hemitórax derecho pero al cabo de un mes (16 de febrero de 2015) falleció en la residencia donde se encontraba ante una situación “irreversible y terminal”, presentando “el mismo cuadro que en el momento anterior”.

Segundo caso

En el caso de la mujer de 77 años, Huidobro relató que ingresa por “pluripatología amplia, que le condicionó durante 2013 y 2014 siete ingresos hospitalarios, por presentar dolor abdominal y vómitos de una hora de evolución, previamente atendida por el 112”. Así, sostuvo que ingresó en Medicina Interna con pancreatitis aguda y catalogó que estaba “en situación agónica” porque “existía un gran descontrol del dolor”.

Según declaró, los dos pilares por los que decidió administrar la sedación paliativa fueron por “enfermedad terminal y dolor de abdomen” a pesar de, según el fiscal, no mencionarlos en el informe evolutivo del historial de la paciente. Huidobro aseguró que se reunió con “cuatro o cinco familiares” de la paciente en su despacho para comunicarles de “la situación de extrema gravedad” de la paciente y “ellos tomaron la decisión”.

“Les pareció oportuno y nadie se opuso a la sedación paliativa”, afirmó, por lo que suspendió la medicación oral. Asimismo, dejó claro que la enferma estaba “demenciada” con “déficit frontales que implican alteraciones del comportamiento y trastornos” para evidenciar que “no estaba en condiciones de dar su consentimiento”. “Presentaba demencia, balbuceaba, emitía sonidos extraños de una persona con parálisis”, recordó.  

“Frente a un dolor refractario y a una enfermedad de elevadísima mortandad aplico la sedación paliativa”, dijo. Así, relató que “la ve una vez ingresada procedente del Servicio de Urgencias con una situación crítica por lo que había que tomar decisiones para controlar el dolor y proporcionarle cierto confort que evitara el sufrimiento”. “No hay notas de oposición a la sedación de esta paciente”, defendió. “De haber sido así, exclamó, no hubiera iniciado la sedación paliativa”.

Además, sostuvo que “ningún protocolo o guía de aplicación de sedación paliativa dice que sea escrito el consentimiento” y agregó que “no conoce ningún caso que sea el paciente quien autorice la sedación” sino que son sus familiares. “Nunca hubo manifestación en cintra por parte de los familiares”, aseveró. La mujer falleció el 25 de septiembre, a los dos días estar ingresada en el HUBU.

En ambos casos, el abogado de la defensa destacó que cuando fallecen los pacientes sus familiares no presentan denuncias en ese momento sino a mediados de marzo de 2015, tras la publicación en Diario de Burgos informando de que la Fiscalía de Burgos había abierto diligencias de investigación para analizar si eran constitutivas de delito las sedaciones terminales que practicó el jefe del servicio de Medicina Interna del HUBU en el último trimestre de 2014.