El exconcejal del Ayuntamiento de Burgos Eduardo Villanueva, que fue obligado a dimitir por su partido después de ser descubierto como único propietario de los duplicados de una tarjeta de telefonía del departamento de Informática desde la que se produjo un intenso tráfico de datos durante dos años, uso que fue tildado por el informe interno de Secretaría General como «indebido e inapropiado», se ha tomado muy en serio su defensa en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 1 de Burgos para dirimir si cometió o no los presuntos delitos de los que se le acusaba en la denuncia que catalizó su imputación.

Tan en serio que ha recurrido a uno de los despachos penalistas más prestigiosos de Madrid, cuyos honorarios son acordes con esa condición. A la citación para declarar ante la jueza titular del Juzgado y la Fiscalía acudió acompañado por dos letrados.

Las escuchas de Garzón

Uno de ellos es Pablo Rodríguez-Mourullo (perteneciente al despacho que fundó su padre, Gonzalo Rodríguez-Mourullo, reputado catedrático de Derecho Penal) y actualmente al frente de la defensa de Pablo Crespo Sabaris, exsecretario del PP gallego, uno de los principales acusados en el caso Gürtel y considerado como ‘número dos’ de la presunta trama de corrupción.

Precisamente en el desempeño de ese trabajo fue grabado cuando se entrevistaba con su defendido en dependencias penitenciarias de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Aquello desembocó en una acusación contra Garzón por prevaricación y delitos contra las garantías constitucionales que terminó con una condena contra el magistrado y la consiguiente pena de 11 años de inhabilitación.

El otro pilar del despacho es Gonzalo (hijo) Rodríguez Mourullo, hermano de Pablo y encargado en su momento de la defensa de Montserrat Corulla, acusada de actuar como testaferro de José Antonio Roca, exgerente de Urbanismo de Marbella y señalado como cerebro del caso Malaya.

El despacho también ostenta la representación legal de varios imputados de la cúpula de Bankia, acusada de cometer hasta cuatro delitos que conllevarían penas de prisión de 15 años en el supuesto de ser probados.

En cuanto a su actividad en Castilla y León, el letrado de Villanueva dirigió la acusación de Galletas Gullón contra Juan Miguel Martínez Gabaldón, exdirector de la galletera palentina.