La actividad del punto de encuentro familiar de la Junta se ha incrementado este año en un 22,8%, al pasar de las 8.236 intervenciones realizadas en 2013 por estas fechas a las 10.119 que ya se han registrado en 2014. Los responsables de este recurso social, básico para que los menores en diversas situaciones de desprotección o riesgo puedan mantener y normalizar relaciones con sus dos progenitores y sus respectivas familias, aseguran que este incremento se debe al aumento de las visitas que deben celebrarse dentro del centro y con supervisión, bien a ratos o bien de forma continuada. En total, hasta diciembre habían trabajado con 240 menores y 176 familias.
En este espacio, que depende de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta pero que en Castilla y León gestiona la Asociación para la Protección del Menor (Aprome), el cometido no es ejercer de mero punto de intercambio de niños tras las visitas acordadas u ordenadas por orden judicial en un caso de ruptura familiar (40% del total), sino tratar de mediar entre ambas partes para que la situación vuelva a la normalidad. La coordinadora de los centros de Burgos, Soria, Palencia y Valladolid, Irene Aguado, explica que «nosotros damos pautas para que puedan llegar a pequeños acuerdos, para que sean capaces de coger las riendas de su situación, después de mucho tiempo en el que han delegado todo en los abogados y en el juzgado».
Para lograr este objetivo, cada uno de los puntos de encuentro familiar existentes en la región (en todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes) cuenta con un equipo especializado y multidisciplinar. En el de la capital hay dos psicólogas (María Neila, también responsable, y Tamara Prieto); una trabajadora social (Ana Rosa Vallejo);una psicopedagoga (Cristina Bartolomé) y una educadora social (Nerea Calzada). Todas ellas interceden para que el tiempo en el que las familias pueden servirse de este recurso, dos horas como máximo, sirva para resolver conflictos y normalizar situaciones que en un momento dado tendrán que manejar por su cuenta. La premisa de facilitar una intervención mediadora se aplica tanto a los supuestos que se atienden por orden judicial en casos de ruptura familiar y que como ya se han dicho suman un 41%, como a los que remite el servicio de la Junta de Protección a la Infancia, un 22%, para facilitar las visitas de menores en acogida temporal con las familias biológicas u otros supuestos que han obligado a la Junta a asumir la tutela temporal.
Sin embargo, el 37% de los casos restantes se corresponden con situaciones en las que la madre es víctima de violencia de género y tiene una orden de alejamiento, en las que el equipo se limita a cumplir estrictamente lo que se dictamina en el Juzgado, al que tienen que dar parte de cualquier incidencia.
Máxima prudencia
Estas situaciones obligan al equipo a extremar la precaución de manera que víctima y agresor (es decir, madre y padre) no coincidan al dejar o al recoger a los niños tras las visitas establecidas por el juzgado, algo que en el punto de encuentro de Burgos se puede hacer con comodidad, porque hay varias puertas y zonas estancas. Sin embargo, lo que obliga a activar todas las alertas son las visitas que deben celebrarse en el interior del centro y que, como ya se ha dicho, van a más. «Sabemos que el riesgo puede pasar de cero a cien en un minuto, así que tenemos encendidas todas las alarmas», explica Aguado, matizando que desgracias como el reciente asesinato de dos niñas por su padre durante el turno de visitas sensibilizan más en este sentido. No obstante, los equipos de este tipo de centros cuentan con la ‘ventaja’ de tener contacto con todas las partes implicadas y, por lo tanto, disponen de mucha información. «Sabemos qué decisiones o qué hechos han podido molestar a cualquiera de las dos partes y cuáles pueden llegar a ser una amenaza en un momento dado», continúa Aguado.
Las visitas que se desarrollan en el interior del centro, bien en casos de violencia de género o en otros supuestos como desconocimiento de los menores hacia uno de sus progenitores, pueden ser supervisadas en momentos puntuales de la dos horas que dura la visita o de forma permanente. Y, como prioridad, siempre, el garantizar que el menor o la menor se encuentran bien. «Siempre prevalece el interés superior del menor, si notamos que algo le está afectando, tomamos medidas».