Castilla y León recibirá 71,6 millones de euros de fondos europeos para favorecer la incorporación al mercado laboral de los jóvenes menores de 25 años que ni trabajan ni se forman, bien mediante la promoción de políticas de empleo bien impulsando su formación o la realización de prácticas. Un dato que dio a conocer ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su participación en el segundo curso Prensa y Poder que, bajo el título Las nuevas tecnologías como instrumentos de formación y empleo, se desarrollará durante toda esta semana en Ciudad de la Educación San Gabriel de La Aguilera y en el que sustituyó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Báñez aseguró que alrededor de 32.000 jóvenes castellanoleoneses van a beneficiarse de esta garantía juvenil y encontrarán en los próximos meses «oportunidades de empleo o de formación gracias a esta iniciativa europea». Un planteamiento que, a su juicio, complementa la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que se puso en marcha en el país en 2013 que ha permitido promover un centenar de medidas que, desde su creación, están posibilitando que «400 jóvenes cada día» tengan una oportunidad laboral por cuenta propia o ajena.
«Para que los jóvenes sean nuestro futuro tienen que tener presente y hay que dar la batalla cada día», subrayó, destacando otras actuaciones del Gobierno, como la inclusión de la formación continua en el Estatuto de los Trabajadores, la ruptura del «circulo vicioso» de encadenamiento de contratos temporales, la formación dual o la cotización de las prácticas.
Compromiso por el empleo
Estas medidas fueron resaltadas por la titular de la cartera de Empleo como algunas de las promovidas por el Gobierno de Rajoy desde su llegada al poder en diciembre de 2011 y que resumió en un compromiso a favor del empleo, máxime teniendo en cuenta que el ritmo de su destrucción era mucho mayor que en otro países del entorno, perdiéndose cuatro veces más que en Italia, siete que en el Reino Unido o 13 que en Francia, hasta el punto que el 60% de los puestos de trabajo que se perdían en la UE eran de España.
«Desde el minuto uno tomamos decisiones para el empleo. ¿Qué teníamos que hacer? Analizar la situación y poner al servicio de la sociedad española buenas políticas porque son buenos resultados», aseveró, incidiendo en que su principal objetivo era recuperar la economía porque cuando ésta va bien, «se crea empleo y cuando va mal, se destruye». Un objetivo que, a su juicio, se va consiguiendo, pero en pos del cual hay que seguir trabajando dado que aún hay 4,5 millones de parados y acortar el tiempo que pasa del desempleo al empleo «es nuestra prioridad».
En este sentido, recalcó que las actuaciones emprendidas por el Ejecutivo nacional fueron en ese camino. Empezando por una reforma laboral con la que se quiso frenar el ritmo de destrucción de empleo, logrando que «el despido en España sea el último recurso, cuando antes era el único recurso», y que, cuando se volviera a balances positivos, se creara cuanto antes, no teniendo que depender de crecimientos de más del 2% para ello, como tradicionalmente venía ocurriendo.
Asimismo, se refirió a los pasos dados para reducir el exceso de déficit público, reformar el sistema financiero y favorecer la competitividad. En este último punto puso el acento asegurando que el país no basará su competitividad en los salarios bajos, sino en «talento, capital humano y en innovación, en tecnología». Por ello, hizo un llamamiento a los interlocutores sociales, de quienes, aseguró, depende la fijación de los salarios para que «con responsabilidad», e igual que en 2012 llegaron al Acuerdo de Negociación Colectiva y Flexibilidad Interna que evitó la destrucción de empleo con medidas como la reducción salarial, la movilidad o las reducciones de jornada, ahora, para fortalecer el crecimiento, acuerden fórmulas que permitan «acompasar la subida de salarios al crecimiento de la economía y el empleo.
Por último, adelantó que a partir de ahora habrá que afrontar una segunda generación de reformas entre las que estará la modernización de los servicios públicos de empleo, favorecer la colaboración público-privada y, sobre todo, una reforma integral de la formación ya que, indicó, durante la crisis, la mitad de los trabajadores con estudios primarios perdieron su empleo mientras que entre aquellos con estudios superiores subió la ocupación un 2%.