La Policía Local ha localizado en los últimos cuatro años hasta 80 locales o bajos a pie de calle a los que habitualmente se utilizan como chamizos por jóvenes de diversas edades. Según explican fuentes oficiales, están diseminados por toda la capital y han obligado a los agentes municipales a intervenir en 102 ocasiones desde 2011. Lo más habitual es que la visita se produzca después de una llamada de uno o varios vecinos a causa del ruido, una cuestión que ha provocado casi el 50% de las intervenciones en este tiempo. Y desde comienzos de 2013, cada vez que la Policía acude alertada por una denuncia vecinal a uno de estos locales no se limita a medir el nivel de ruido, sino que también lleva a la unidad canina para detectar la existencia de sustancias estupefacientes. Y el resultado ha sido positivo en 27 ocasiones. Pero, aun con estos datos en la mano, el control de los chamizos sigue siendo una cuestión en la que el Ayuntamiento tiene poco margen de maniobra.
La proliferación de chamizos de diversa índole y tamaño es una cuestión que preocupa especialmente al equipo de gobierno por varios motivos. Primero, porque en la mayor parte de los casos hay una clara y continua confrontación entre las comunidades de vecinos y los inquilinos de los locales por el ruido que se genera tanto en el interior del espacio como en el exterior, al entrar y salir continuamente a la calle. Segundo, porque también en muchos casos se detecta que hay un problema de seguridad por la presencia de estufas deterioradas y sofás de gomaespuma o de otros materiales fácilmente inflamables. Y, tercero, porque también cada vez con más frecuencia este es un tema que concierne a jóvenes que aún son menores de edad. Entonces, el equipo de gobierno tiene muy presentes sucesos como el incendio en verano del año pasado de un chamizo de Aranda en el que hubo 11 menores heridos, alguno de gravedad. O, aunque más lejano y de matices diferentes, la desgracia de la calle Sauce, que causó la muerte de diez trabajadores tras una explosión en el interior de un bajo de Gamonal.
«Es un tema que nos preocupa mucho, pero en el que no tenemos competencia ni capacidad», explica el portavoz del equipo de Lacalle, Ángel Ibáñez. Y asegura que esta es una conclusión a la que se ha llegado tras «muchas sentadas» de la junta de coordinación administrativa, en la que está representada la Policía Local, los servicios jurídicos municipales, las áreas de Licencias y Medio Ambiente y, en este caso concreto, también los Servicios Sociales por lo concerniente a Juventud. «Una vez analizada la cuestión, los jurídicos concluyeron que el Ayuntamiento no puede regular actividades privadas. Esto está sujeto a la Ley de Espectáculos Públicos y se trata como si fueran fiestas particulares. A partir de ahí, nosotros quedamos en que ante el problema de ruidos y demás denunciaremos, pero siempre en base a las cuestiones recogidas en las ordenanzas municipales, no por lo que ocurre en el interior de los locales», explica Ibáñez.
Y esto es lo que está haciendo la Policía Local. Según explica el intendente, Fernando Sedano, hay controles rutinarios y visitas en las que se advierte a los inquilinos de que hay quejas de los vecinos por el ruido, por la suciedad o por ambas cosas al mismo tiempo. De esta manera se consigue ir creando una especie de registro de chamizos sobre los que la Policía puede ejercer cierto control preventivo, pero siempre respetando la privacidad. Según los datos facilitados por Sedano, este ‘registro’ engrosa con una media de 20 locales detectados al año, sin que sea posible especificar que haya predilección por una zona u otra. «La diversidad es terrible», apunta Sedano.
Petición a la Junta
Pero otra cosa es que los vecinos hayan iniciado un proceso de denuncia administrativa. En esos supuestos, los agentes acuden después de otra llamada vecinal para hacer una medición de ruido y, desde 2013, también para detectar un posible consumo de drogas. Todo ello se remite a Sanidad para que el proceso administrativo siga su curso, que habitualmente es largo y complicado. «Nosotros apostamos porque actúe la comunidad de vecinos a través de las posibilidades que da la Ley de Propiedad Horizontal, pero lo que sí tenemos claro es que desde el Ayuntamiento no podemos clausurar locales», continúa el portavoz del equipo de gobierno, insistiendo en que el Ayuntamiento no tiene «competencia ni capacidad» para ello, a pesar de la «impotencia que genera el saber que puede llegar a producirse algún problema de seguridad y que no podemos hacer nada para evitarlo porque es propiedad privada».
Sin embargo, lo que sí se puede hacer, apunta Ibáñez, es instar a la Junta a introducir algunos cambios en la Ley de Espectáculos, alguna modificación que permita incrementar el control. «Hemos hablado de la posibilidad de hacer alguna petición expresa en este sentido, pero de momento no hemos hecho nada en este sentido. De manera no oficial sí lo hemos sugerido en alguna ocasión, pero lo cierto es que incluso el gobierno autonómico se encontraría con la traba de que es una actividad privada», continúa Ibáñez.
Hay que tener en cuenta que los chamizos, al no ser locales con actividad comercial de ningún tipo, no están obligados a recibir licencia de ninguna clase y, por lo tanto, tampoco están sujetos a inspecciones. El problema que se les presenta a las comunidades de vecinos es el mismo que si uno de los propietarios de los pisos acostumbra a hacer fiestas en casa con frecuencia o semejante al problema que se crea si un propietario tiene síndrome de Diógenes y se dedica a recopilar basura en casa: concierne a los vecinos por las molestias, pero sigue desarrollándose en una propiedad privada. Y eso es inamovible.