La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos, María Dolores Fresco, ha enviado una providencia al juez decano de la provincia donde reside actualmente la joven sometida a 13 exorcismos para que un forense la reconozca y determine si está en condiciones de declarar. La reacción de la magistrada se produce después de que citara por dos veces a la muchacha y la Junta se opusiera a su comparecencia judicial. Su testimonio es clave para que la jueza continúe con la investigación y decida si imputa a más personas al margen de a sus padres, que se negaron a declarar cuando fueron llamados al juzgado como imputados.
La magistrada decidió el 26 de agosto abrir diligencias previas, pues los hechos que denunció la chica en Comisaría días antes «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de violencia de género, lesiones y maltrato familiar». Y es que la niña trató de suicidarse en septiembre de 2013, un año después de ser sometida a un exorcismo en Madrid -sus padres afirman que solo fue una oración de sanación- y meses antes de que le practicaran en Valladolid 13 ritos consecutivos para expulsar al diablo que supuestamente la poseía.
Quienes a la postre decidieron que le practicaran los exorcismos fueron los padres, pero, según la denuncia, miembros de la Iglesia -seglares y religiosos- recomendaron ese ritual y mediaron para que se le practicase. ¿Son ellos responsables de alguno de los delitos que en principio observa la juez? Es algo que tendrá que decidir la magistrada.
La acusación popular, que integran seis tíos maternos de la joven, ha solicitado al juzgado que declaren como imputados la que fuera su profesora de religión y el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario (Fuentecillas), que figuran como denunciados en la querella que admitió a trámite Instrucción 2 el pasado 12 de noviembre. El abogado de estos familiares de la presunta víctima, el reputado penalista madrileño Carlos Aguirre de Cárcer, no descarta solicitar más declaraciones de imputados en los próximos días. Es más, el letrado, según señaló a este periódico, quiere que el «proceso judicial sirva para depurar responsabilidades penales de todas las personas implicadas».
En su opinión, «lo sucedido con esta menor no tiene justificación alguna, porque las creencias religiosas jamás pueden amparar el maltrato físico o psíquico». En la querella que presentó considera que los hechos que la joven dijo haber sufrido pueden ser «constitutivos de delitos de lesiones graves, trato degradante, coacciones, inducción al suicidio y violencia física y psíquica habitual».
Aguirre de Cárcer estima que «lo peor del caso no es haber sometido a rituales de exorcismos a una menor que estaba en tratamiento psiquiátrico, lo más grave es haber hecho creer a esa menor que tenía el diablo dentro, pues las consecuencias de tal conducta son devastadoras».
Ante la Policía Nacional la menor declaró que en mayo de 2012 comenzó con «unos problemas de anorexia acompañados por problemas nerviosos de ansiedad» y que dejó de comer «por hacer penitencia», la misma razón que le llevó a realizarse «cortes en las muñecas». Sus padres, según el relato de la joven en la Comisaría de Burgos, interpretaron los ataques de ansiedad «como una posesión demoniaca», algo que les había sugerido un seminarista estudiante de Teología.
Hace dos semanas el Arzobispado aseguró que ni la Diócesis ni la parroquia de Nuestra Señora del Rosario dictaron ningún «mandato» para que la joven, que intentó suicidarse en septiembre de 2013, fuera sometida a exorcismos. Advertía de que «las personas que colaboraron con los padres», catequistas, párrocos, una profesora de religión y un alto cargo de la Curia en Burgos, «lo hicieron a título personal». Al mismo tiempo admitieron que la Iglesia conocía y aprobaba los exorcismos que le habían practicado.