La Universidad de Burgos dispondrá antes de que finalice este curso académico de una nueva dotación destinada a la investigación. Se trata del Centro de Biotecnología Alimentaria (CIBA), que en principio tenía que haber estado acabado en verano de 2013 pero cuya construcción ha estado paralizada durante casi un año debido a problemas con la primera adjudicataria. Desde que se retomaran el pasado septiembre y hasta la fecha, los trabajos «van en plazo» y, si todo se mantiene tal y como previsto, el edificio estará entregado en marzo para comenzar a funcionar a finales del mes de julio, según explica el vicerrector de Infraestructuras de la institución académica, Juan Manuel Manso.

El responsable académico detalla que los trabajos de albañilería ya se encuentran prácticamente finalizados, al igual que el animalario con el que contará el centro, al tiempo que los operarios están realizando en estos momentos el montaje de la fachada.  La actual adjudicataria es la empresa madrileña Edhinor, cuya oferta se impuso a las otras nueve que optaron al segundo concurso convocado por la UBU tras rescindir el contrato con la primera por incumplimiento de los plazos.

De forma paralela a los trabajos, la institución local ultima el pliego de condiciones que regirá el concurso para la adjudicación del equipamiento de la instalación, que saldrá con un presupuesto base de 800.000 euros. Se trata de una cantidad importante, tal y como reconoce Manso, debido a las propias características de la dotación, que requiere en algunos casos de medidas especiales de seguridad biológica.

El CIBA dará cabida a entre 50 y 100 científicos. Tendrá tres plantas (baja, primera y segunda) y ocupará una superficie de 1.700 metros cuadrados, que se distribuirán en espacios para la fabricación de alimentos, laboratorios, almacenes y salas de investigación. En sus instalaciones se desarrollarán proyectos financiados con fondos europeos y nacionales, además de prestar servicio a las propias empresas del sector.

El presupuesto para terminar el centro asciende a dos millones de euros, dado que estaba ejecutada el 30% de la obra, a la que se destinó otro millón de euros. Se financia con fondos europeos y de la Junta de Castilla y León al 75 y 25%, respectivamente, que deberán estar justificados antes del 31 de diciembre de 2015. Tal y como avanzan los trabajos en este momento, el vicerrector de Infraestructuras afirma que no habrá ningún problema para acreditar estas aportaciones, algo que en su día preocupó a la institución tras la paralización de las obras el verano pasado. No obstante y debido a los problemas surgidos, la Junta aprobó una prórroga que acaba a finales del próximo año.