La Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad, y de la que se ha conocido un borrador de trabajo, ha generado un fuerte enfrentamiento entre arquitectos e ingenieros industriales. Como consecuencia de este descontento, el Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos se reunirá esta mañana con Juan Carlos Aparicio, diputado del Partido Popular en el Congreso para transmitirle su descontento con esta propuesta.
La Ley afecta a los arquitectos en el sentido de que se eliminaría la reserva exclusiva de actividad de que gozan desde la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999. De esta forma, podrían proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, docentes, culturales o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en edificación. Esta medida, explica el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en una misiva a sus afiliados, sería «la más grave agresión» a la profesión, y conllevaría «su práctica desaparición, así como la destrucción de la arquitectura» en España, añade Jordi Ludevid.
El Consejo Superior de Colegios reconoce hacer iniciado una serie de mecanismos de defensa que ha supuesto recibir el apoyo en sus peticiones de la ministra de Fomento, Ana Pastor; la directora general de Arquitectura, Pilar Martínez y el subdirector general de Arquitectura, Javier Marín.
Concluyen los arquitectos y aparejadores que la propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad supondría «un gravísimo atentado a la directiva europea, a la seguridad de las personas y una decisión inoportuna y funesta para el sector».
Ayer se celebraron en Madrid diversos actos informativos. La oposición contra esta ley es firme y el presidente del Colegio burgalés, Félix Escribano, y su secretario, Luis García, se reunirán hoy con Aparicio en la sede del Partido Popular en Burgos para trasladarle la posición de los arquitectos.
Ante estas afirmaciones, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales dio ayer a conocer su postura. En su manifiesto, aseguran que la reforma que la Ley de Servicios Profesionales favorecería el consumo y la inversión mediante la competitividad. De la misma manera, creen que esta eliminación de la ‘reserva de actividades’ corregiría disfunciones de la Ley de la Edificación de 1999, una ley, además de asimétrica, «inapropiada bajo el prisma europeo», ya que atribuye a los arquitectos competencias exclusivas amparándose en el uso que el edificio va a recibir como si esto «fuera relevante a la hora de establecer su complejidad».