Supone «un antes y un después» en la legislación laboral española. Así es como se valoró desde el Ejecutivo la normativa aprobada ayer en el Consejo de Ministros. Una reforma que también recibió calificativos como «histórica» y que lo será si de verdad logra enmendar los abultados datos de desempleo que crecen cada mes. El objetivo de estos cambios en el reglamento que rige el mercado laboral, no es otro que flexibilizarlo para que los empresarios tengan más facilidades a la hora de contratar a nuevos empleados y que así se dinamice la maltrecha economía nacional.
Pero la generalización del despido de 33 días y la excepción de que sea de 20 si los resultados de la empresa caen nueve meses tiene dos visiones bien distintas. Por eso, a las alabanzas del Gobierno hay que contraponer la opinión de la oposición, que, en boca del portavoz socialista en la Comisión de Empleo del Congreso, Jesús Caldera, lo tildó de «decretazo».
Para Caldera, el «corazón» de la reforma laboral es «muy negativo». Así, se cuestionó si reducir las indemnizaciones por año trabajado es constitucional, y advirtió de que más de nueve millones de trabajadores que cuentan en la actualidad con contratos ordinarios verán como sus compensaciones se reducen.
La lluvia de opiniones ante esta noticia del Ejecutivo popular no se hizo esperar y fueron muchos los colectivos que expresaron cómo creen que va a afectar al trabajo de los españoles.
Una de las más esperadas fue la del presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, quien en nombre de la patronal argumentó que resultará «útil» para crear empleo, pues supone «la primera reforma profunda en democracia». Asimismo, añadió que los empresarios llevaban tiempo esperando una iniciativa así, aunque la recibían «sin triunfalismos».
Por supuesto, las organizaciones de autónomos también celebraron que el PP haya decidido dar un giro al sector porque, dicen, representa a los trabajadores por cuenta propia, aunque creen que todavía queda una asignatura pendiente: poner en marcha más medidas para fomentar el autempleo juvenil, una cuestión bastante complicada en un momento en el que el grifo de los créditos bancarios solo gotea.
Jóvenes y del PP, desde las Nuevas Generaciones de Génova también se ensalzó este plan. La presidenta del grupo, Beatriz Jurado, sentenció que los jóvenes españoles llevaban mucho tiempo esperando algo así y que, desde su punto de vista, «viene a acabar con la temporalidad y facilitar la contratación con beneficios fiscales para las empresas».
Solución: contrato único. Uno de los análisis de situación lo facilitó también la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El investigador Florentino Felgueroso especificó que el contrato único es «la verdadera solución para el mercado laboral», aunque el Gobierno no lo incluya en la reforma aprobada por el Consejo de Ministros.
Para este experto, lo que necesita España es que el Ejecutivo regule el mercado laboral, «no que lo controle». A su parecer, la reforma «va en la buena dirección» en términos de negociación colectiva, pero no tendrá «efectos directos en la contratación». Sin embargo, admite que se avanza «de forma profunda» y que todas las medidas propuestas, conectadas entre sí, pueden afectar de forma indirecta a la creación de empleo.
Aún así, Felgueroso acusó al Gabinete de «seguir mareando la perdiz» y volver a ir por «el mismo camino» de las últimas cuatro o cinco reformas sin apostar por el contrato único por culpa de los agentes sociales.
Con este nuevo giro en el mercado laboral, el Gobierno continúa con la hoja de ruta que se marcó al llegar a Moncloa. Desde el primer momento sabían que les tocaba caminar por un sendero espisnoso rumbo a la recuperación económica y con un objetivo final: que bajen las cifras de paro.