La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Me-lili', ha detenido a F.J.E.P. de 31 años de edad, como presunto autor de un delito de simulación de delito y estafa al seguro, y a F.G.M. de 61 años y D.G.V. de 32 años de edad como presuntos autores de un delito de apropiación indebida. Los hechos ocurrieron en agosto de 2017, cuando el ahora detenido denunció al robo con violencia e intimidación de su terminal de telefonía móvil, cuando se encontraba en un área de servicio de la AP-1, en tránsito por la provincia.
En respuesta al Plan Turismo Seguro puesto en marcha años atrás por el Ministerio del Interior, se abría una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos autores, conociéndose que el terminal permanecía activo en una estación de servicio próxima pero distinta en la que, según el denunciante, se habían producido los hechos.
Las gestiones practicadas permitieron conocer que el terminal fue encontrado por un ciudadano francés y entregado en la citada estación, donde estaba siendo utilizado indiscriminadamente por dos personas, que fueron detenidas por apropiación indebida.
Lejos de abandonar, se investigaron los hechos denunciados, cuyo relato presentaba ciertas contradicciones, que levantaron las sospechas de los agentes, por lo que decidieron practicar gestiones para aclarar lo sucedido.Las pesquisas realizadas han demostrado que F.J.E.P. extravió el teléfono móvil, denunciando falsamente la sustracción para poder cobrar la indemnización del seguro. La investigación ha corrido a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, instruyendo diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Briviesca.
Posibles consecuencias de una conducta inadecuada. Desde la Guardia Civil se quiere lanzar un claro mensaje sobre este tipo de hechos y advertir de las consecuencias y responsabilidades en las que se incurre con este tipo de denuncias falsas en la que los ciudadanos pretenden obtener una indemnización del seguro o encubrir negligencias o descuidos. Una denuncia falsa supone un delito y puede acarrear la pena de prisión de hasta tres años y una sanción de hasta 6.000 euros, además de generar antecedentes procesales que pueden limitar durante varios años el acceder a un puesto de trabajo en la administración pública.