El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó ayer que es «una exageración y una absoluta falta de veracidad» decir que hay «fiscales rebeldes o amotinados» porque lo que la querella sobre la pseudoconsulta del 9-N ha demostrado es que su departamento «no actúa a golpe de orden» sino a través de un debate jurídico.
Al ser preguntado en el Senado sobre las discrepancias con la Fiscalía Superior de Cataluña por las responsabilidades penales derivadas del referéndum ilegal, el madrileño afirmó que han mostrado una disparidad de criterio respecto a la Fiscalía General y la Junta de Fiscales de Sala, por lo que decidió que era «procedente» la orden que el dio al fiscal superior, José María Romero de Tejada.
«En todo este proceso, lo único que me ha preocupado es que se cumplan los principios que ordenan la actividad del Ministerio Fiscal escrupulosamente, oír primero siempre a los fiscales, sujetarse a la ley, comportarse con imparcialidad y que funcionen los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica», reconoció.
Dicho esto, Torres-Dulce confesó que le preocupaba también que hubiera «decisiones contradictorias» en el seno de las Fiscalías y este aspecto, según él, se ha solventado con el informe de la Junta de Fiscales de Sala reunida el pasado miércoles.
A su juicio, la institución del Ministerio Público ha funcionado con «absoluta normalidad» de acuerdo a sus Estatutos de funcionamiento, y su actuación «refuerza la idea de que no funciona a golpe de orden, sino de debate previo, jurídico». «Y al final, el principio de dependencia jerárquica, los fiscales jefes y el fiscal general del Estado toman las decisiones ajustadas al Estado de Derecho», remachó.
Al ser preguntado sobre las manifestaciones de la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, dando por hecha la presentación de la querella y de dirigentes nacionalistas criticando esta acción, Torres-Dulce aseguró respetar «extraordinariamente» las opiniones y críticas de los políticos, por lo que evitó valorarlas, si bien se está ultimando la denuncia. Además, remarcó que la querella contra Mas y otros responsables del Govern todavía no se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que no quiso hacer comentarios sobre su extensión o contenido «hasta que no se haga efectiva» ante los jueces, que deberán decidir sobre ella.
Por su parte, la fiscal jefe de Barcelona, Anna Maria Magaldi, negó que exista «una actitud insurreccional de carácter generalizado» de los fiscales de Cataluña en relación a las medidas judiciales contra el proceso participativo del 9-N. «En absoluto se corresponde a la verdad, pero, por su reiteración y persistencia, me hace pensar que a alguno o algunos debía de interesarle que se mantuviera».
MALESTAR. También explicó que la Fiscalía de Barcelona convocó de urgencia el pasado miércoles a su junta de coordinación -tras solicitarlo 13 de la veintena de fiscales de la provincia-, donde valoraron, «sobre todo, el malestar provocado en muchos fiscales» de esta demarcación por informaciones periodísticas que aluden en genérico a los fiscales catalanes, cuando en realidad se referían únicamente a los del TSJC. «Expresiones como Los fiscales catalanes se rebelan, Los catalanes se oponen a la presentación de la querella contra Mas han venido creando una apariencia de actitud que en absoluto corresponde a la verdad», se quejó con rotundidad.
Por otra parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sostuvo ayer que su cartera y el Gobierno en su conjunto «ha tenido un respeto escrupulosísimo» hacia la autonomía de la Fiscalía con respecto a la querella que presentará contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y otros responsables del Govern por el proceso participativo del 9-N. «Yo creo que se ha acreditado la absoluta falta de ningún tipo de influencia por parte del Gobierno hacia los fiscales», afirmó el dirigente popular.