La Diputación y la Universidad de Burgos dieron ayer un paso más en la colaboración que vienen prestándose mutuamente desde que firmaron el convenio marco en 2009. Así, el rector Alfonso Murillo, y el presidente César Rico acordaron constituir un grupo de trabajo para el estudio de la modificación de la regulación jurídica de las administraciones locales y su incidencia en el ámbito de la provincia de Burgos.
Dicho de forma más sencilla, ese equipo, formado por profesores de la institución académica y técnicos de la Administración provincial, se encargará de llevar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes todo lo referente a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que ya tiene encima de la mesa el Gobierno de Rajoy, al igual que la derivada de la nueva Ley de Ordenación del Territorio que ha elaborado la Junta de Castilla y León. La mesa de trabajo Diputación-UBU va a recoger esos cambio normativos, que afectan a las entidades municipales, desde el primer borrador hasta su aprobación definitiva, tras pasar por las cámaras nacional y autónomica, para darlo a conocer a los alcaldes y concejales, así como a secretarios e interventores de los ayuntamientos y asesorarles en todos los relacionado con los nuevos cambios legislativos, su aplicación, su ámbito de actuación, etc.. todo ello para dar mayor eficacia y eficiencia a la gestión de los ayuntamiento.
El grupo de trabajo será interdisciplinar y estará formado por profesores de Derecho Administrativo, Derecho Financiero y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, dirigidos por el profesor Santiago Bello, y completado con técnicos de la Diputación, de las áreas de Tesorería y Asesoramiento, con el tesorero José Félix Rodríguez, al frente.
Según explicó el propio Bello, vicedecano de Derecho, el grupo de trabajo tiene ya prácticamente definido el organigrama de trabajo. Lo primero que se hará es estudiar los precedentes de las nuevas normas, (proyecto y anteproyecto) y transpasarlo a la realidad de la provincia burgalesa; para ello se elaborarán documentos para los municipios de mensos de 20.000 habitantes, realizarán charlas con los implicados, tanto secretario como ediles, para darles a conocer esas modificaciones «que mueven el esqueleto legislativo de las entidades locales y eso puede generar inseguridad jurídica, que nosotros trataremos de evitar con argumentos legales y explicando qué se debe hacer en cada situación», añadió Bello, al tiempo que explicó que se tratará de anticipar a los posibles efectos de la reformas para que no se produzcan perjuicios a las entidades locales y provincial.
El vicedecano aclaró que eso significa que la mesa de trabajo, no se va a limitar al plano teórico, sino descender a la realidad práctica para resolver hasta donde se pueda. Bello añadió que esta colaboración con la provincia es una buena forma de «dimensionarnos en la sociedad y devolver a ésta lo mucho que invierte en la UBU».
Por su parte, César Rico manifestó que es importante la firma de este convenio de colaboración porque los nuevos marcos jurídicos que están en marcha son complejo y van a significar muchos cambios en las estructuras municipales, de las mancomunidades e, incluso de las diputaciones provinciales «y es bueno que todos sepamos donde nos movemos».