La Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda (Agalsa) ha ganado el pulso judicial a la Junta de Castilla yLeón por el drástico recorte presupuestario aplicado a finales de 2012 con carácter general a los 44 grupos de acción local de la Comunidad en la ejecución del programa Leadercal 2007-2013. Una iniciatica dentro de la que a Agalsa se le comprometió inicialmente una dotación de fondos públicos de 5.198.800 euros que tras el ‘tijeretazo’ se quedaron en 4.378.900.
Aunque la reducción presupuestaria afectó en una media del 30% de la subvención y en el caso de Agalsa solo alcanzó el 15,77% al tener ya comprometido algo más del 84%, la asociación serrana fue el único grupo de acción local de los seis de la provincia que, pese a acceder a firmar la adenda al convenio inicial con el recorte de los 819.900 euros bajo la amenaza de que los grupos que no rubricasen no podrían tramitar más reembolsos de fondos, interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Desde Agalsa se decidió recurrir a la vía judicial por entender que la actuación de la Consejería de Agricultura incumpliendo los compromisos vigentes «era ilegal» y que el acuerdo se había tomado «por un órgano incompetente, sin seguir procedimiento alguno, modificando de forma unilateral un convenio vigente entre partes y que violenta gravemente la legalidad vigente, los principios de buena fe, confinza legítima, certeza y seguridad jurídica e implica un abuso de derecho».
Una batalla judicial a la que paralelamente también se sumaron otros cinco grupos de acción local de Castilla yLeón: Asociación Duero-Esgueva (Valladolid), Asociación de Tierras Sorianas del Cid, Fundación para el Desarrollo Local Asocio de Ávila, la Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (Asopiva) (Soria) y Asociación para el Desarrollo Rural Segovia Sur, que también han ganado sus procedimientos de manera individualizada.
El fallo que, critica la actitud conminatoria de la Junta estima los recursos interpuestos contra el acuerdo que decretaba el recorte «anulando dichos acuerdos por no ser ajustados a Derecho y declarando que las relaciones jurídicas existentes entre las partes se han de ajustar al Convenio firmado por las partes», con imposición de costas a la Administración regional».
Una vez firme, la Consejería de Agricultura y Ganadería acaba de hacer públicas en el Bocyl las órdenes emitidas con fecha 18 de marzo por la que se dispone «el cumplimiento en sus propios términos» de las sentencias dictadas en los citados procedimientos.
Tras conocerse esta orden el presidente de Agalsa, Paco Azúa, que no ocultaba su satisfacción por este triunfo, anunciaba que la asociación va a pedir la ejecución inmediata de la sentencia. «Lo que queremos es que la Junta nos aplique los 800.000 euros, al marco del programa anterior o a éste. Pero mejor en el anterior que nosotros éramos los que pagábamos y valorábamos los proyectos», manifestaba, argumentando que fruto del recorte tuvieron que descartar proyectos que ya tenían para cubrir esas subvenciones como sendos viveros de empresa en Salas de los Infantes y Pradoluengo.