El 14 de junio fue el Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián el que se pronunció con dos sentencias a favor de la revalorización de las pensiones y el cobro de los atrasos de 2012 conforme al IPC, después de que el Gobierno decidiera por decreto no actualizarlas. Ahora, un tribunal burgalés -el número 1- se manifiesta en el mismo sentido al estimar en parte la demanda interpuesta por el sindicato UGT contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en representación de un grupo de 25 afectados.
Con fecha del pasado 25 de junio, el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos ha reconocido el derecho de los demandantes a percibir la diferencia entre el 1% aplicado y el 2,9% debido, tal y como cerró el IPC el pasado noviembre, mes de referencia para la actualización de las pensiones. Además, considera que esta desviación «sirva de base» para el incremento acordado en 2013.
El fallo recoge que la no revalorización de las pensiones en 2012 es un acto «no ajustado a derecho» que debe ser reformado y debe ser «condenada la entidad demandada al pago de la revalorización en la forma prevista, esto es, del 2,9% y no del 1%». No obstante, incluye como particularidad los casos de tres pensionistas que al cobrar los complementos mínimos la subida de su pensión fue del 2,9% absolviendo en este sentido al INSS.
Frente la sentencia del Juzgado de lo Social cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dado que la «cuestión litigiosa afecta a un conjunto de personas que en este caso es de varios millones», asume el juez en su resolución.
El sindicato UGT ha interpuesto unas 350 demandas para reclamar la subida del IPC en las pensiones, fruto de una campaña iniciada el pasado mes de febrero. Primero se presentaron las reclamaciones administrativas ante la Tesorería de la Seguridad Social y tras ser desestimadas se acudió al Juzgado de lo Social.
«Esta sentencia demuestra que el Gobierno del PP ha robado descaradamente a los pensionistas la revalorización de las pensiones y que es un primer paso para que los Juzgados de lo Social del resto del país vayan tomando en consideración que el Ejecutivo se ha equivocado», subraya UGT en un comunicado de prensa tras el fallo.
El mismo proceso ha seguido CCOO, que también desarrolló una campaña y asambleas para informar a los jubilados y la presentación de las reclamaciones en los juzgados burgaleses.