Los recortes del Gobierno del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León a las políticas de dependencia están provocando la destrucción de empleo en la comunidad autónoma, además de vulnerar los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad. Así lo denunció ayer en Burgos la secretaria de Políticas Sociales de la Ejecutiva Autonómica del PSOE, Marta Olmedo, quien se mostró de acuerdo con algunos colectivos de la discapacidad que  han dado por ‘muerta’ la Ley de la Dependencia, de cuya promulgación ayer se cumplieron seis años.

Con este motivo, Olmedo; Jorge Félix Alonso, procurador y miembro de la Comisión de Familia y Servicios Sociales, y Víctor Villar, secretario de Autonomía Personal, Dependencia y Discapacidad del PSOE burgalés, comparecieron en rueda de prensa para criticar el hecho de que la Junta ha empeorado la, ya de por sí, importante disminución financiera de los servicios sociales. En este sentido, Marta Olmedo recordó que hay cuidadoras de personas dependientes que están cobrando 22 y 31 euros al mes por realizar esta función, algo que considera «un insulto».

En este sentido, puso de manifiesto que 835 cuidadoras han dejado de cotizar a la Seguridad Social el pasado mes de noviembre en la provincia de Burgos ya que debían ocuparse ellas mismas de hacer el pago, una situación que resulta, a su juicio, especialmente sangrante, por el hecho de que el especial envejecimiento de Castilla y León tenía un aspecto menos negativo que era el de ser un nicho de empleo.

Y ante esto, la secretaria de Políticas Sociales avanzó que su partido va a seguir impulsando iniciativas para que no «paguen los de siempre» y pueda abrirse una brecha en «la cerrazón» del PP. Hasta ahora, recordó, se han realizado preguntas, proposiciones, mociones y alternativas como la de implementar otra política fiscal que gravara más a los que más tienen.

Por su parte, Villar aseguró que la normativa de la Junta por la que se regulan las prestaciones «castiga al gran dependiente desviando recursos a acciones de prevención, establece la incompatibilidad de prestaciones y ha recortado hasta un 90% las prestaciones de cuidados en el entorno familiar para lo que más de dos mil cuidadoras, en su mayoría mujeres de mediana edad, dejaron su trabajo remunerado y tenían la esperanza de recibir una pensión contributiva».