Doscientos edificios están sometidos a un catálogo de protección arquitectónica

G.A.T. / Miranda
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La normativa recoge tres niveles de protección que condicionan en gran manera cualquier tipo de intervención a realizar en los inmuebles.

 
 
Miranda está pendiente de acometer una profunda revisión del Catálogo de Bienes Protegidos. Varios casos de inmuebles en ruina con notables problemas de conservación han puesto en evidencia que la norma vigente, que recoge de forma pormenorizada más de 200 elementos protegidos en el término municipal, tiene algunas carencias importantes y además impide, por lo restrictivo de su redacción, actuar de forma conveniente a la hora de intervenir en casos urgentes.
Hace poco el Consistorio de hecho ha tenido que solicitar a la Junta un cambio en el nivel de protección de un edificio que dado su mal estado de conservación hay que demoler, pero al tener un nivel de protección muy elevado se generan graves dificultades para los vecinos de un inmueble colindante, igualmente protegido, que se ha visto afectado por la nula conservación del los dueños del edificio adyacente.
Por ello se pretende iniciar un proceso de revisión de la catalogación y del nivel de protección que permita unir la conservación de edificios con las facilidades para que los dueños puedan acometer intervenciones de rehabilitación. Además, hay otras edificaciones en la ciudad que podrían entrar en los niveles de protección, ya que el PGOU de 2005 no incluyó algunos elementos destacados de la arquitectura local y además ha habido nuevas construcciones que bien merecerían estar en un catálogo de este tipo.
La realidad es compleja y en Miranda hay dos elementos que regulan de forma expresa la protección de estos más de 200 elementos. Son el Plan Especial del Conjunto Histórico de la Villa de Miranda de Ebro (PERI-Conjunto Histórico) y el PlanGeneral de Ordenación Urbana (PGOU). El primero, como su nombre indica, está vinculado a la zona histórica de la ciudad, que comprende el Casco Viejo y parte de las calles más pegadas al la ribera del río en la zona de Allende (El Olmo, Leopoldo Lewin, Bilbao, entre otras).
El PGOU suma ya inmuebles del resto de la ciudad, además de los yacimientos arqueológicos y edificios ubicados en las entidades locales menores pertenecientes a Miranda.
Entre ambos documentos suman 225 elementos protegidos, de los que 25 son yacimientos arqueológicos y cerca de 40 están en las pedanías. Así, el casco urbano de la ciudad suma casi 170 elementos protegidos, si bien el nivel de protección es muy variado en función del valor histórico y arquitectónico del inmueble.
 
niveles. La normativa recoge tres niveles de protección (Integral, Estructural y Ambiental) que de menos a más confieren al edificio un grado de permisividad a la hora de intervenir en su estructura, diseño y composición estética. La máxima protección, la integral, afecta a 35 construcciones, y en las placas identificativas colocadas hace años en los edificios se señalan con una ‘I’ y una placa azul.
 En este apartado tenemos las todas las iglesias históricas de la ciudad como la del Espíritu Santo y Santa María, algunas ruinosas como la de San Juan, e incluso algunas modernas, ya que en el PGOU de 2005 se incluyeron otros templos singulares como el de San Nicolás de Bari (levantado en 1940 en la calle San Agustín), o la singular iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles, construida en 1951 como una de las dotaciones del poblado de los trabajadores de Fefasa.
En este apartado hay otras edificaciones singulares como los templetes de música, el edificio principal del Ayuntamiento o varias casas de la plaza de España. Este nivel de protección, que salvaguarda «la totalidad del edificio, preservando todas sus características arquitectónicas», como recoge el PGOU, es muy restrictivo a la hora de permitir intervenciones, pero el propio Ayuntamiento ha empleado las posibilidades que da la normativa para poder mejorar o rehabilitar algunos inmuebles que de otra forma hubiera sido imposible adaptar para su uso actual.
«Excepcionalmente, podrán autorizarse obras de rehabilitación para adecuar el edificio a equipamientos públicos, siempre y cuando no supongan riesgo de pérdida o daño de las características que motivaron esta protección», dice la normativa, que igualmente permite obras de reconstrucción «cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación que interese recuperar».
Ejemplos de ello son las reformas hechas en el Ayuntamiento para mejorar su accesibilidad, la recuperación de los restos del Castillo y la recreación de zonas desaparecidas, la reforma hecha en el puente Carlos III que conllevó la desaparición de su barandilla o más recientemente la rehabilitación hecha en el Teatro Apolo, que además de suponer la construcción de un edificio añadido ha significado la demolición íntegra de su interior para rehacerlo con las necesidades propias de un teatro del siglo XXI.
 
media. La protección estructural (placas con la letra ‘E’ de color rosa) abarca ya a 72 inmuebles y en el catálogo aparecen decenas de casas de notable valor arquitectónico e histórico en muchos de los casos. Ejemplos son la casa de Don Lope, destina al futuro Museo de la ciudad, la antigua sinagoga en la calle La Fuente, el edificio municipal de la antigua alhóndiga, el inmueble que alberga el cine Novedades, el Conservatorio (antiguo convento de la Josefinas) o el complejo de colegio y convento de Sagrados Corazones.
En Allende el listado suma 38 construcciones, y además de muchos edificios de viviendas, hay ejemplos como la estación de ferrocarril, el edificio que alberga la delegación de la Junta, la Plaza de Abastos, el colegio de la Sagrada Familia, los puentes sobre el Ebro o inmuebles más modernos, como el instituto Fray Pedro de Urbina, levantado en 1956, un inmueble muy reconocido y premiado en el mundo de la arquitectura.
El nivel de protección estructural pretende preservar «la apariencia e identidad del edificio y favorece la conservación de los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio: niveles de forjado, estructura portante y cubiertas», define.
Por ello las obras a ejecutar en los mismos están muy matizadas y nunca se permite la demolición de sus fachadas, obligando a preservar elementos como forjados, patios, escaleras, acabados y materiales originarios. De forma excepcional se permiten obras de reestructuración que no alteren la imagen exterior de la edificación originaria, pero que sean necesarias para lograr el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad.
Igualmente ejemplos los hay, desde las propias obras de la estación de ferrocarril (reformada en varias ocasiones), a las adaptaciones hechas en viviendas y en otros edificios públicos, como puede ser la reforma integral efectuada en el antiguo matadero para su conversión en la sede de la Policía Local.
 
tercero. El tercer y último nivel de protección es el que alberga a más inmuebles, 89 en total, siendo el ambiental (placa con ‘A’ y de color ocre), que protege las características estéticas y compositivas externas de la edificación. «En este nivel de protección se admite, con carácter excepcional y debidamente justificado en razón al estado de conservación de la edificación, el desmontaje y nueva construcción de fachadas... con recuperación de sus elementos y acabados característicos», dice el PGOU.
De hecho ya hay varios casos en los que se ha demolido el inmueble y se ha vuelto a levantar reproduciendo con bastante exactitud su estética original. Ha ocurrido en un inmueble de la calle de La Estación (junto al edificio de la Junta), en la calle Ciudad de Toledo (esquina con Vitoria) y hay otros proyectos en marcha que pretenden demoler todo el bloque para rehacerlo con nuevos pisos y recreando la fachada original.
En el catálogo, con protección ambiental hay decenas de construcciones. Además de cerca de 50 en el Casco Histórico, se suman otras en Aquende, principalmente en las calle La Estación, Vitoria, Ramón y Cajal, Francisco Cantera y San Agustín.
La revisión de todas estas protecciones en principio no variará las de protección integral, pero sí podría cambiar algunos niveles en los casos de estructural y ambiental que en muchos casos condicionan la posible realización de reformas o trabajos de rehabilitación. Además, la revisión servirá para incorporar otras construcciones a este catálogo de bienes protegidos. Y es que ha habido algunas nuevas construcciones e igualmente hay nuevas sensibilidades a la hora de la protección del patrimonio arquitectónico.