Septiembre de 2010 fue el último mes en el que los juzgados de Reyes Católicos funcionaron a pleno rendimiento. En octubre empezaron a posponerse señalamientos y otros trámites, de cara a la entrada en vigor -el 10 de noviembre- de la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Un año después, las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial permiten apuntalar con cifras las denuncias realizadas por la plantilla y los colectivos profesionales. Algo falla en la estructura de esta nueva organización, hasta acercar a los tribunales burgaleses peligrosamente a los 20.000 asuntos abiertos, frente a los poco más de 17.000 que había en julio de 2010.
Los últimos datos disponibles arrojan una cifra de 19.574 expedientes en trámite al inicio de octubre de 2011, frente a los 18.040 del año anterior (un 8,5% más). Y todo ello pese a que se registraron muchos menos asuntos en ese trimestre, 12.907 frente a los 14.251 de julio a septiembre de 2010 (un 9,4% menos) y a que la tendencia nacional refleja esa misma reducción de los casos nuevos. pero también de los abiertos, el -5,2% de media en esas fechas.
La ejecución de las sentencias también se ha resentido en Burgos, hasta el punto de que octubre de 2011 comenzó con 14.839 en trámite, frente a las 13.627 contabilizadas un año antes. Salvo en la jurisdicción penal, que consigue reducir en apenas un centenar las causas en trámite, crecen los expedientes sin cerrar en todas las áreas. Lo contencioso supera ya los 2.000 asuntos (348 más) y en materia social hay casi 1.300 (+219). La peor parte se la lleva el área civil, con un millar de expedientes más, hasta alcanzar los 7.781. Solo se salvan los juzgados mixtos, de primera instancia e instrucción, que son los ubicados en la provincia y, por tanto, donde no funciona aún la NOJ. El resto, todos ellos de Reyes Católicos, ven engordar sus armarios: 68 más en Mercantil, 110 en Familia y 1.196 en los 6 de Primera Instancia.
¿Qué hará el ministro?
En esta tesitura, funcionarios y colectivos profesionales se encuentran más que preocupados por los próximos movimientos del Gobierno central, que en campaña anunció un reformulamiento en profundidad de la reforma que ha conllevado la Oficina, con la que en principio no comulga el partido de Gallardón, el nuevo ministro.
«Debe replantearse el modelo de principio a fin», afirma Alberto Arroyo, que respresenta al sindicato STAJ en la Junta de Personal de la Administración de Justicia. «Se está haciendo menos, sacando menos trabajo adelante, con más gente incluso. El día a día muestra que los problemas siguen ahí: lentitud, burocracia...», se queja para remarcar que el 31 de enero finaliza el contrato del personal de refuerzo. El viernes pasado solicitaron por escrito la renovación de las 26 personas de apoyo, además de la cobertura de otros 4 que se encuentran de baja.
«Si nos los quitan, nos hunden», sostiene. Ese mismo temor alberga el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Delgado, cuya esperanza está puesta en la implantación del expediente judicial que también se va a retrasar al menos unos meses. «Nosotros queremos ser positivos, pero que nos consulten. Hay que sentarse y buscar soluciones», además de reclamar un «presupuesto diferenciado» para Burgos, donde la NOJ ha generado estas disfunciones.
En una línea similar, la decana del Colegio de Procuradores, Carmen Velázquez, considera que existe un problema de base, en la misma estructura del modelo organizativo, y una falta de comunicación que podría solucionar el expediente digital y la unificación de los sistemas informáticos de los juzgados de toda España.