Las salidas al oscuro tunel en el que se encuentra atrapado desde hace meses el sector minero se han vuelto más angustiosas este jueves tras el anuncio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo donde «da por cerrados todos los posibles mecanismos» acordaron en el Plan del Carbón (2013-2018). Tal y como explicó ayer el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a los representantes de Carbunión, «Bruselas les ha dicho que no es posible sacar ninguno de ellos y, por lo tanto, no va a seguir peleando», aseguró a Ical el presidente de la patronal minera, Óscar Lapastora, tras el encuentro que se prolongó por espacio de dos horas.
En ese sentido, sostuvo que la «única posibilidad» que les ofreció el Ministerio es intentar sacar adelante una orden ministerial que contemple «diez euros mas de ayuda (por tonelada de carbón)» a las empresas que lo soliciten, pero «no se ha comprometido» a que dicha orden vea la luz «con carácter urgente». «Nos ha dicho que necesitan la autorización de Bruselas», dijo. Lapastora también quiso dejar claro que la ayuda adicional ofrecida de diez euros por tonelada forma parte de la modificación del Plan de Cierre que se ha remitido a la Unión Europea. «No es que haya un mecanismo adicional que se haya negociado con Bruselas», explicó al respecto.
No obstante, los representantes de Carbunión piensan que «la orden en sí va a tener a corto plazo un impacto negativo sobre las empresas». «Eso se puede traducir en que la situación crítica en la que estamos empeore aún más». Y es que, explica, si esa orden se aprobara con carácter inmediato «podría tener algún efecto beneficioso a corto plazo porque las compañías mineras podrían vender algo más».
Sin embargo, si no se aprueba de forma rápida «va a tener el efecto contrario porque va a hacer que las compañías eléctricas quieran aplicar esa bajada de precio sin que siquiera estén aprobadas las ayudas». Además, a su juicio, «complica mucho que aquellas empresas que las reciban puedan seguir trabajando mas allá de 2018» ya que, añadió, dichas ayudas «tendrán que devolverse».
Ante esta situación Lapastora confirmó que van a seguir adelante con las acciones acordadas con los sindicatos para que los agentes sociales y los grupos políticos apoyen que el acuerdo del carbón hay que cumplirlo. En concreto, la opción que barajan es firmar un acuerdo con las comunidades afectadas mediante la presentación de diversas proposiciones no de ley «donde se ponga de manifiesto que partidos políticos, comunidades, ayuntamientos, sindicatos y patronal, están de acuerdo en que se cumplan los acuerdos firmados.
Y es que, a su juicio, el Gobierno no puede «decir a mitad de camino que no son capaces de negociar con Bruselas y ahí os quedáis». Según Carbunión «hay unos acuerdos firmados y tiene que hacer que se cumplan».