El Consorcio para la gestión de la variante ferroviaria ha logrado obtener algo más de 2 millones de euros mediante la venta de 21 viviendas protegidas que sacó al mercado con la posibilidad de negociar precios a la baja.
En apenas unos días el organismo compuesto por el Ayuntamiento y las antiguas cajas locales ha logrado cerrar acuerdos para la mayor parte de las 28 VPO que publicitó, con un precio medio de venta que se sitúa ligeramente por debajo de los 100.000 euros y con rebajas de entre un 10 y un 15% respecto al precio al que estaban antes de la campaña, tal y como confirmaron fuentes de la oficina de gestión.
La salida al mercado con una política comercial más agresiva fue posible tras un cambio en la normativa autonómica que a su vez permitía abaratar las viviendas protegidas, aplicando entre otros mecanismos una equiparación entre la VPO joven y la convencional.
Al mismo tiempo que anunció la promoción para estos pisos situados en el entorno de la antigua estación el consorcio puso a la venta 9 plazas de garaje, 6 locales comerciales y 4 viviendas libres. Por todo el paquete podría haber ingresado entre 4 y 5 millones de euros y por el momento tendrá que conformarse con la mitad, pero fuentes de la entidad se muestran satisfechas con lo logrado hasta el momento.
Buscan una venta directa. El concejal de Hacienda y consejero delegado del consorcio, Salvador de Foronda, explica además que de cara al futuro inmediato buscarán un mayor «dinamismo comercial». Se refiere a que pretenden modificar las formas de venta de los activos que poseen, y para ello será necesaria su aprobación en el próximo Consejo Rector.
Explica De Foronda que buscarían una fórmula similar a la que ya aplica el consorcio del polígono industrial de Villalonquéjar y que permite una enajenación directa de los bienes con los ‘clientes’ interesados en ellos sin que deban pasar por un proceso público.
En paralelo, el Ayuntamiento sigue negociando con los bancos las condiciones de la renegociación de la deuda del desvío. Hace ya casi un mes que, aclarado que el camino no será la disolución del consorcio, tratan de acordar cómo devolver los 168 millones de euros. Una parte se pagará con suelo y la otra con cargo a los presupuestos municipales, pero falta saber cuánta y en qué tiempo.