El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, animó ayer a los delegados territoriales de la Junta en las nueve provincias a escuchar las necesidades y las dudas de los alcaldes y concejales sobre el anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, cuya aprobación, una vez que se envíe a las Cortes de Castilla y León, plasmará el modelo para garantizar la calidad de los servicios en la Comunidad.
De Santiago-Juárez pidió a los delegados que continúen con la pedagogía para explicar lo que recoge el anteproyecto aprobado por la Junta con el objetivo de que los representantes de los ciudadanos en las entidades locales no tengan dudas sobre el modelo que plantea el Ejecutivo autonómico. Este es uno de los mensajes que ofreció el consejero de la Presidencia en la reunión que mantuvo ayer por la mañana con los delegados en el marco de la Comisión de Coordinación, de cuyo contenido informó la Junta en una nota de prensa.
En el mismo sentido, De Santiago-Juárez consideró que muchas de las aportaciones recibidas por parte de los representantes municipales proceden de la confusión por considerar que el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio puede suponer una carga económica más e insistió en que el modelo preserva la autonomía municipal, garantiza la calidad de los servicios en el medio urbano y rural, moderniza las funciones de las diputaciones provinciales para adecuarlas al modelo de ordenación del territorio,y suprime duplicidades y competencias impropias.
Mejores servicios. Para el consejero, escuchar las propuestas y dudas de los alcaldes es «la mejor forma de mostrar que el anteproyecto de ley busca la asociación voluntaria de municipios para prestar los mejores servicios a los ciudadanos y dinamizar la economía de los pueblos, sin la supresión de ninguno de ellos».
Asimismo, el consejero informó a los delegados en la Comisión de Coordinación Territorial de la memoria económica que acompañará el proyecto de ley, en la que se estima un ahorro de 231,8 millones de euros a los municipios de hasta 20.000 habitantes cuando el modelo se aplique en su totalidad, si bien en ese cálculo no se recoge el ahorro que supondrá la creación de las quince mancomunidades de interés general urbanas previstas.
Con todos estos datos, los 1.977 ayuntamientos que tienen menos de 1.000 habitantes sumarán un ahorro de 82 millones de euros al año; los 212 municipios entre 1.001 y 5.000, un ahorro de 113,6 millones de euros al año; y para los 44 ayuntamientos de entre 5.001 y 20.000 habitantes, el ahorro ascendería a 36 millones de euros.