La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, pidió hoy “que los proveedores tengan la garantía de que van a cobrar en los plazos en que siempre viene pagando la Junta, que son mejores que en el resto de España”. En ese sentido, reconoció que “para cumplir el objetivo de déficit”, tras conocer la liquidación del año 2016 por parte del Ministerio donde se metió a Castilla y León “un recorte bastante amplio en los fondos”, se han visto “obligados” a “tomar una serie de decisiones como no hacer ningún gasto nuevo en dos capítulos”, en alusión a inversiones reales y transferencias de capital, desde el pasado 9 de noviembre.
“Todo lo que está ya comprometido se va a seguir pagando y por supuesto ningún proveedor se va a quedar sin cobrar sus facturas”, afirmó antes de pedir “tranquilidad” a los proveedores, que “van a seguir cobrando hasta el 31 de diciembre como toda la vida”. “Los periodos medios de pago de Castilla y León son bastante más bajos que los del resto de Comunidades y vamos a seguir teniendo esos periodos medios de pago más bajos”, insistió.
Del Olmo señaló que su “compromiso” es “intentar cumplir siempre el objetivo de déficit porque así lo exige siempre la UE y el propio Gobierno de España”, y comentó que al recorte correspondiente al ejercicio de 2016 “se une” la inseguridad que ha generado la sentencia sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que ha provocado “una temporada” en la cual el Gobierno autonómico no ha recaudado “nada porque nadie se atrevía a hacer ninguna operación, y eso “obliga” a la Junta a “tomar una medida muy pequeña, porque es simplemente de aquí al 5 de diciembre, que es no hacer ningún gasto nuevo en el periodo normal de gasto”.
En ese sentido, expuso que por el momento todavía no se ha publicado la decisión del Tribunal Supremo respecto al impuesto de AJD, y por ello los agentes siguen “pensándose cómo se hacen las operaciones” porque “existe una cierta inseguridad y la seguridad y la confianza en la economía es fundamental”.
Cuestionada sobre las estimaciones realizadas ayer jueves por el procurador de IU-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, que denunció el “cierre encubierto y sin previo aviso” en tres semanas de los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital del Presupuesto de la Comunidad de este año, señaló que desconoce “qué cuentas habrá echado pero eso no es así”.