El Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro es una auténtica rara avis en el panorama sanitario provincial con respecto a la prestación de un servicio legal: el de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Como se sabe, la inmensa mayoría de los ginecólogos son objetores de conciencia, lo que ha obligado desde siempre -antes con la ley que despenalizaba el aborto solo en tres supuestos y a partir de 2010 con la de salud sexual y reproductiva- a que la Gerencia de Salud de Área tenga que sacar a concurso anualmente este servicio, que siempre se adjudica a una clínica privada vallisoletana por una importante cantidad económica. En 2015, por ejemplo, fueron 308.769,56 euros; en 2016, 222.320 y en 2017, 171.000. Esta situación cambió significativamente en 2011 cuando los profesionales de la unidad de Obstetricia y Ginecología del centro mirandés (solo uno de los siete que la componen prefirió la objeción)  comenzaron a asumir estas intervenciones. «En ese momento acaba de ponerse en marcha la ley de plazos y nuestras pacientes nos transmitían que no estaban muy satisfechas con todo el procedimiento que las obligaba a salir de su ciudad. Y empezamos a realizar las IVE por respeto a ellas y por facilitarles las cosas», explica Abel Renuncio, quien desde 2016 y hasta el próximo día 16  -en el que se incorpora al Hospital Universitario de Burgos- es el jefe de la unidad. Renuncio añade que este trabajo se ha realizado siempre sin más recursos económicos ni de personal que los que tienen asignados de forma habitual, es decir, que no supone ningún gasto extra.  

De este modo, Miranda se convierte en una excepción y facilita que las mujeres que tienen que pasar por este duro trance lo puedan hacer en un entorno conocido y mucho más cómodo. Renuncio cuenta que la captación de los casos se suele realizar de una manera muy precoz a través de los médicos y las matronas de Atención Primaria, que hacen la derivación de los casos a las trabajadoras sociales de los centros de salud, donde ofrecen a las mujeres toda la información sobre ayudas a la maternidad y derechos que les asisten y a las que   citan apenas tres días después en el servicio de Ginecología.

«Hay un determinado porcentaje de mujeres que intentan justificar su decisión aunque no tienen por qué hacerlo. De hecho, yo prefiero que no pasen por ese trago y les digo que no es necesario, pero cuando lo cuentan, en un altísimo porcentaje sus razones tienen que ver con condiciones económicas y sociales muy precarias y problemáticas», indica este experto, que achaca a la falta de cultura anticonceptiva y de educación sexual el hecho de que una mujer tenga que acudir a un aborto salvo, lógicamente, en los casos de malformación o grave patología en el feto: «A veces nos encontramos con mujeres jóvenes mucho menos informadas que las adultas y con algún mito a propósito de cómo se evita un embarazo. Esto tiene que ver con que no se fomenta activamente una educación sexual y anticonceptiva de calidad. Si esto cambiara nos ahorraríamos un porcentaje importante de abortos».

En general, y según su experiencia, las mujeres que se someten a un aborto transmiten preocupación y nerviosismo en las horas previas a la intervención: «Es frecuente que estén asustadas porque es una decisión muy difícil y porque muchas veces tienen problemas sociales, económicos e incluso de violencia de género que las condicionan mucho».

Una interrupción voluntaria del embarazo no deja, salvo en casos muy excepcionales, ninguna consecuencia física en el organismo de las mujeres, precisa el ginecólogo, y desde el punto de vista emocional también son puntuales los problemas que se producen: «Esto tiene que ver con cómo vive cada mujer el proceso y con el componente religioso o ético que pueda tener, pero en ningún caso nos han expresado que haya conflictos o problemas ya que después de la intervención les hacemos una revisión para ver cómo se encuentran y para planificar, si lo desean, un método anticonceptivo».

Hay dos tipos de tratamiento frente a un embarazo no deseado: farmacológico y quirúrgico. Las mujeres se pueden beneficiar de uno o de otro en función, sobre todo, de la edad gestacional -el farmacológico está indicado por debajo de las 8-9 semanas- pero también de que no presenten contraindicaciones a uno u otro y, lógicamente, de la voluntad que ellas expresen.

En el primero, se le coloca una medicación vía vaginal en consulta advirtiéndoles de que le producirá un sangrado -«les explicamos que es como una menstruación más abundante, duradera y con más molestias, para lo que les facilitamos antiinflamatorios»- y 48 horas después son citadas en consulta. En el quirúrgico, no llega a 24 horas las que pasan en el hospital y la intervención precisa anestesia. «El organismo recupera su normalidad enseguida, al mes ya vuelve la menstruación e incluso ese mismo mes a los 14 ó 15 días puede haber ovulación, razón por la cual interesa reforzar la anticoncepción porque hay riesgo de embarazo».

En el caso de que el aborto se vaya a producir por malformaciones o anomalías genéticas del feto el proceso cambia. La detección se produce, en este caso, en las propias consultas de Ginecología, que es donde se vigila el embarazo, y de ahí las mujeres son derivadas a la trabajadora social del Santiago Apóstol. «Estos casos son más delicados, se trata de embarazos deseados -de hecho, empezamos por ellos porque eran los que más costaba derivar a otros centros- y en el proceso se tiene que producir un ‘pequeño parto’ y la inhibición de la lactancia porque aunque la gestación es de poco tiempo este proceso fisiológico ya ha empezado, sobre todo en las mujeres que ya han tenido otros hijos».

Abel Renuncio afirma que las mujeres mirandesas están satisfechas con la atención que reciben en un momento tan crítico: «Las cosas en Miranda son distintas, este es un hospital pequeño y es frecuente que después de un aborto veamos a las mujeres en la consulta por otras razones, por embarazos que llegan a buen fin...  y por eso, porque hablamos con ellas, sabemos que la satisfacción es alta».

El ginecólogo abandonará esta unidad el próximo día 16 después de haber permanecido 12 años en ella. Se traslada al Hospital Universitario de Burgos y allí llegará con su misma posición profesional con respecto al aborto: «Siempre lo he visto claro y nunca he tenido dudas a la hora de practicar un aborto: es algo legal y forma parte de los derechos de la mujer, de la asistencia integral que se le tiene que prestar en todas las etapas de su vida». No se pronuncia con respecto a por qué la Gerencia de Salud de Área se gasta todos los años una importante cantidad de dinero en derivar a una clínica privada a las mujeres que quieren abortar habiendo en la provincia profesionales que lo hacen: «Esto son decisiones que no nos competen a los médicos sino a quienes organizan la atención sanitaria», pero sí cree que con su presencia en el HUBU puede cambiar algo la actual situación.

Y es que en el principal hospital de Burgos no hay ginecólogo que  no sea objetor de conciencia frente a las interrupciones voluntarias del embarazo. «Pienso que ahora pueden cambiar las cosas. De hecho, me consta que tanto en el servicio como en la gerencia del hospital y en la de área están muy sensibilizados con los derechos de las mujeres burgalesas y dentro de esa sensibilización harán lo que puedan por facilitarlos», indica este ginecólogo, que se considera feminista, aunque matiza que está en el proceso de aprender a mirar las cosas desde esta perspectiva: «Tengo claro que me queda mucho por aprender aún sobre feminismo pero creo que toda la sociedad -y esto incluye a la medicina y, más en concreto a la ginecología- debería tener una visión feminista de las cosas».