El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, más conocido como el Plan E, tenía como objetivo aumentar la inversión pública en los ayuntamientos mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata en 2009. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero

inyectó 8.000 millones de euros en  el primer Fondo Estatal de Inversión Local en actuaciones, tal y como apuntaba el Ministerio de Política Territorial, «que, por sus características, contribuye en el corto plazo a dinamizar la economía y a favorecer poderosamente la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo y, al mismo tiempo, se refuerza la capitalización de nuestra economía, aumentando el potencial inversor de nuestros ayuntamientos».

Esa era la letra de la canción pero fue la oportunidad para que los consistorios realizaran todo tipo de obras, sobre todo urbanísticas. La provincia no fue una excepción y el ‘maná’ dejó 63,7 millones de euros, de los que 34 fueron a parar al Ayuntamiento de la capital. El reparto de los fondos se realizó de acuerdo a un estricto criterio de población, primando, por tanto, la máxima objetividad.

Pese a las numerosas críticas que el Plan E recibió por parte de los alcaldes del Partido Popular, que lo consideraban un despilfarro, todos ellos se sumaron a la fiebre de gastar. En ocasiones, con proyectos de dudosa utilidad, pero no era momento para la reflexión ni para cumplir los objetivos del Fondo Estatal. Había dudas sobre algunas de la actuaciones y ahora, el Tribunal de Cuentas, el organismo que se encarga de comprobar la legalidad de la actuaciones económico-financieras del sector púbico, destapa las vergüenzas de los ayuntamientos.

El completo informe del Tribunal de Cuentas seleccionó al azar 1.270 proyectos de 700 entidades locales de toda España. Las conclusiones son devastadoras porque ni se creó el número de empleos previsto ni se gastó de forma adecuada el dinero público. Así por ejemplo, las empresas incumplieron en un 11% de los casos la obligación de contratar desempleados. Un 67% de los trabajadores que realizaron estas obras ya formaban parte de la empresa y continuaban en ella en el segundo semestre de 2011. El 21% de las adjudicatarias contrataron a menos personas que las señaladas en el proyecto y otro 12% no utilizó a ningún desempleado, porque muchas entidades locales antepusieron otros criterios como la oferta económica y el plazo de finalización. Estas son algunas de las claves relacionadas con el empleo pero también hubo deficiencias en la tramitación administrativa como que el 70% de los proyectos ejecutados no acreditó la necesidad de la inversión pública o que el 30% de las actuaciones no tenía el precio del contrato.

Del total de las localidades sometidas a estudio a nivel nacional, una docena de municipios es de la provincia burgalesa. El organismo fiscalizó 14 proyectos, de los que cuatro corresponden a la capital, pero también hay en Arlanzón, Alfoz de Quintanadueñas, Condado de Treviño, Salas de los Infantes, Sotresgrudo, Valle de Mena, Medina de Pomar, Sasamón, Valle de Manzanedo, Villaescusa de Roa y Villahoz. Hay que recordar que el primer Plan E del Gobierno de entonces recogía un total de 510 proyectos en la provincia.

Diferentes proyectos

Uno de los asuntos más llamativos es el escaso cumplimiento de los ayuntamientos en la creación de puestos de trabajo. Seis municipios adjudicaron contratos a empresas que no necesitaban realizar ningún contrato nuevo de personal para la ejecución de esas obras. Fueron los casos de Condado de Treviño, con el acondicionamiento de una vivienda en un edificio del recinto del colegio público; de Medina de Pomar, con el alumbrado público de Miñón y la conexión con la localidad, y de Sasamón, con la pavimentación de calles en Citores del Páramo, la reconstrucción del muro travesía en Villasidro y la ampliación de redes de distribución en Yudego. Tampoco se cumplió la contratación prometida en Valle de Manzanedo con la reparación del acceso a Vallejo y con la ampliación de alumbrado público. En todos estas actuaciones, los Consistorios comprometieron la contratación de 3 desempleados y finalmente no fue así, porque fueron trabajos cubiertos por personal ya contratado.

En Villaescusa de Roa, con la rehabilitación de calzadas, de los 6 desempleados que contemplaba el expediente solo se contrató a 2 y en Villahoz, en las obras de mejora de los espacios en las calles de los Aires y Portillo, solo a 4 de los 8 prometidos.

Otra de las irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas se  refiere al fraccionamiento de los contratos. Tanto la ley de contratos como el decreto del Plan del Gobierno de Zapatero impedían específicamente el fraccionamiento «con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o del tipo de adjudicación que corresponda». Arlanzón, Condado de Treviño, Salas y Sotresgrudo se acogieron a este fraccionamiento en una docena de contratos considerados menores.

Prolongar Eladio Perlado

Otro de los proyectos con irregularidades fue la remodelación de la calle Antonio García Martín, que fue la prolongación de Eladio Perlado. El organismo estatal recoge que el Ayuntamiento de Burgos tramitó y certificó un contrato complementario a la obra principal que era diferente al inicial que envió al Ministerio para su aprobación. Se trataba del conjunto ornamental de la fuente con juegos de agua e iluminación, en la Glorieta del Peregrino, que encareció la actuación en 504.000 euros. El Tribunal matiza que la «tramitación de un contrato complementario implica una ampliación del mismo».

Otro de los temas en que este órgano fiscalizador hace hincapié es el elevado grado de concentración de obras en un mismo contratista. Cita el ejemplo del Ayuntamiento de Condado de Treviño, que adjudicó ocho de sus proyectos a una única empresa.

La media de ofertas que se presentó a cada actuación, en el conjunto nacional, fue de 14 aunque existieron casos en que fue muy inferior. Y ahí aparece el  Valle de Mena, que para el proyecto de la construcción de la biblioteca y el club social en el convento de Santa Ana, con una inversión de 593.000 euros, solo recibió dos ofertas.