Mientras algunos Gobiernos regionales, como Cataluña y Andalucía, y el Ejecutivo central continúan debatiendo sobre el techo de endeudamiento de las comunidades, aprobado la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que los representantes de la Generalitat y la Junta protagonizaron sendas espantadas, el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, consideró ayer que con el modelo autonómico ha habido «un crecimiento organizativo y burocrático que ahora no se puede sostener», con unas «hipertrofias» ante las que se impone una «necesidad de adelgazamiento». A su entender, hay que «ajustar» los «insoportables» costes de ese sistema a las posibilidades que el país tiene en este momento. 

«El desarrollo del Estado Autonómico coincidió también con años de abundancia. Y lo que entonces parecía que se podía, pues ahora nos damos cuenta de que nos hemos pasado», declaró. 

El popular señaló que España tiene un «potencial» que le permitirá salir pronto de la actual crisis económica, pero insistió en que si la nación «adelgaza en algunos sectores la obesidad» que le ha hecho «perder agilidad», el país «saldrá mejor» de la actual situación. 

Tras subrayar que el Estado autonómico es «una conquista» y que ha ofrecido «cosas muy buenas», admitió que no todo son «virtudes», puesto que en este momento es necesario rebajar «sus estructuras», un reto al que, según reconoció, ya se están aplicando las comunidades autónomas. 

«Si tiene un coste insoportable, como el de la propia Administración central, tendremos que ajustar esos costes a nuestras posibilidades -enfatizó-. Si fuimos capaces de hacer bien la primera parte, espero que seamos capaces de hacer bien esta segunda». 

 

Desde 2006. Beccaría recordó que ésta es una de las reflexiones que se incluyen en el informe que el Consejo de Estado elaboró en 2006 por encargo del entonces presidente Zapatero sobre una reforma constitucional en cuatro puntos. Así, en aquel texto se propuso un Senado con menos representantes, la eliminación de la discriminación a la mujer en la sucesión de la Corona, cómo incluir la denominación de las 17 regiones y que la Carta Magna fije el techo de las competencias autonómicas. 

El actual jefe del Consejo de Estado hizo hincapié en esta última, ya que, según destacó, el máximo órgano consultivo del Gobierno entendió hace seis años que todo el proceso de transferencias a las comunidades hay que darlo «por concluido», sugiriendo la derogación del apartado del artículo 150 de la Constitución que permite al Estado desprenderse de competencias exclusivas. 

Sobre el Senado, señaló que «hay mucha gente que está de acuerdo» en que es necesario afrontar una reforma que «aproveche mejor la potencialidad política que tiene esta Cámara y complemente mejor el trabajo del Congreso». Se trata, prosiguió, de «reforzar» su perfil de órgano de representación territorial, ya que «está un poco desaprovechada». 

Al ser preguntado sobre si conviene rebajar el número de senadores, una de las reivindicaciones en muchas de las recientes protestas ciudadanas, el presidente del Consejo de Estado concluyó que desconoce si constitucionalmente es posible esa reducción. Pero añadió que, como «hipótesis, no se puede dejar de estudiar».