Al menos seis ayuntamientos del entorno de Santa María de Garoña han presentado alegaciones ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo durante el periodo de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción de un almacén temporal individual (ATI)diseñado por Nuclenor y que albergará el combustible gastado de la central por un periodo inferior a diez años, según el documento. El Valle de Tobalina, Cuesta Urria, Bozoo, San Zadornil, Oña y Frías destacan que el ATI no tiene capacidad para albergar los 2.505 elementos combustibles que guarda la piscina de la central y no tienen claro que vaya a ser utilizado solo durante diez años, dado que su vaciado estará supeditado a los plazos de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC)proyectado por el Gobierno en Cuenca. Por ello, reclaman que el proyecto demuestre el «dimensionamiento suficiente» e incluso prevea su ampliación para hacer posible el futuro desmantelamiento de la planta, en caso de cierre definitivo.

Los ayuntamientos destacan que el ATI y su uso futuro está en manos de la empresa pública Enresa, que proyecta el ATC que albergará todos los residuos nucleares españoles de alta capacidad. Pero añaden que a día de hoy el ATC carece de autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, de proyecto definitivo, de evaluación de impacto ambiental y de las licencias del CSN y del Ministerio de Industria. Por ello, ponen en duda que pueda ser una realidad en 2018, como está previsto por el Gobierno que en su día lo fechó en 2010.

El ATI proyectado en Garoña  se compone de dos grandes losas de hormigón antisísmicas con capacidad para 16 contenedores cada una. Teniendo en cuenta que estos contenedores -la firma ENSA tiene cinco encargados por Enresa- pueden contener y transportar 52 elementos combustibles y en la piscina de la central hay 2.505, el ATI solo podría albergar 1.664. En caso de que Iberdrola y Endesa decidieran ir al cierre definitivo, los ayuntamientos temen que la insuficiencia del ATI retrasara el desmantelamiento de la planta, al no tener capacidad para todo el combustible y ante el muy probable retraso del ATC más allá de 2018. En caso de seguir en funcionamiento, los elementos combustibles irradiados crecerán y por ello el ATIserán aún más insuficiente. Además, reclaman medidas de vigilancia del ATI y su contenido, si llegara a desmantelarse la central.

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina va más allá que el resto de los alegantes y ha comunicado a Industria que «en el momento de conceder la licencia, limitará el periodo de actividad del ATI a los diez años que se prevén y para los que está diseñada la instalación». A ello añade que en caso de que transcurridos esos 10 años, los contenedores siguieran en Garoña, «obligará a los propietarios del ATI a solicitar una nueva licencia y demostrar que todas las instalaciones cumplen con las condiciones adecuadas para la continuidad de la actividad».