El Ayuntamiento de Burgos «no ha estimado oportuno» enviar al Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, la documentación relativa a la situación financiera de los dos consorcios de los que forma parte la administración local (el del desvío ferroviario y el de la ampliación de Villalonquéjar) y, sobre todo, el análisis que solicitó para saber si estos entes deben adscribir sus cuentas a las de la ciudad.
Según desveló ayer la concejala socialista Carmen Hernando, el pasado lunes 2 de junio se recibió una comunicación de Amoedo dirigida al alcalde, Javier Lacalle, en la que se dice que, ante la negativa a «aceptar la resolución relativa al expediente abierto en esta Procuraduría» sobre los consorcios, «le recordamos» que el organismo «presentará anualmente a las Cortes un informe en el que deberá hacer constar necesariamente las quejas ya investigadas con el resultado obtenido». Esto es, que quedará retratada dicha negativa.
«Han estado un año dando vueltas y eludiendo dar respuestas al Procurador a pesar de que las ha solicitado varias veces, e incluso han llegado a enviarle información falsa, como cuando dijeron que las cuentas de 2012 se aprobaron por unanimidad, cosa que no es cierta porque el PSOE se abstuvo (no se puede votar en contra) y así consta en los borradores de las actas, que por cierto están sin aprobar desde el año 2012», contextualizó Hernando.
A su juicio, el Ayuntamiento «ha hecho todo lo posible por no contestar», sobre todo después de que Amoedo recordara al Ayuntamiento cuáles son los requisitos de la Ley de Sostenibilidad para seguir manteniendo la puerta de los consorcios abierta.
Según esos preceptos, únicamente podrían seguir existiendo los que no sean considerados administración pública a ojos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), los que no estén incursos en pérdidas durante dos ejercicios consecutivos y los que no hayan recibido subvenciones públicas durante los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la Ley (diciembre de 2013).
Si los dos consorcios en los que participa la ciudad no cumplieran todos esos requisitos, estarían abocados a la extinción casi inmediata (hay hasta diciembre de este año para cambiar los estatutos) y toda su deuda pasaría a computar como propia del Ayuntamiento. También sus activos.
Por tanto, lo que quería saber el Procurador es si se da o no esa circunstancia, pero le ha resultado imposible después de un año solicitando información que, o no le ha sido entregada, o no se corresponde con la reclamada.
«Yo también pedí esta información el pasado 24 de febrero y todavía no me han contestado, por eso he vuelto a pedir que Secretaría General informe sobre este asunto y que se haga de inmediato el análisis que pedía el Procurador», terminó Hernando.