Localizar e identificar en los tiempos que corren a los propietarios de fincas e inmuebles ‘fantasma’ resulta más necesario que nunca, ya que nadie tributa por ellos. Dar con sus titulares significa recaudar, así que todos los esfuerzos que dedique el Catastro para encontrar a los dueños de esas tierras o esas viviendas son ahora más que nunca bienvenidos por la Administración. Sobre todo por los ayuntamientos y la Diputación, encargados de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La Gerencia Territorial del Catastro de Burgos mantiene abierto un proceso de investigación en la provincia para determinar la titularidad de bienes urbanos y rústicos de los que no tiene datos sobre sus propietarios. Respecto a los primeros, existen 2.463 casas y pisos sin dueño conocido -en 111 casos se conoce a algún propietario, pero no a todos-. Esa cifra representa el 0,44% de todos los inmuebles que hay en la provincia (560.218), según la última actualización, a fecha de 31 de mayo de 2013.

El valor catastral -en relación al cual se calcula la contribución que debe pagar su titular- de todas esas viviendas ‘fantasma’ asciende a 30,99 millones de euros, que supone el 0,12% de los 25.375 millones en que están tasadas todas las construcciones asentadas en Burgos.

El Catastro, lógicamente, pone el mayor empeño en localizar a los propietarios de aquellos inmuebles más caros. Así, la labor de investigación en el caso de las viviendas se centra sobre todo en aquellas cuyo valor catastral supera los 100.000 euros. De éstas hay contabilizadas 52. Un total de 2.179 tienen una valoración de menos de 25.000 euros; 159, entre 25.000 y 50.000, y 73, entre 50.000 y 100.000 euros.

Las fincas rústicas también tributan y por ello es necesario hallar a sus titulares. En Burgos hay 22.369 parcelas cuyos dueños no están identificados -en 276 casos  está registrado alguno de sus dueños, pero no la totalidad-. El valor catastral de todos estos terrenos asciende a 3,98 millones de euros, que es el 0,47% de los 831 millones de euros en que están tasados oficialmente las 1.670.722 fincas rústicas catalogadas en la provincia.

Igual que con los inmuebles, el Catastro se centra sobre todo en localizar a los dueños de aquellas fincas con más valor patrimonial.  Por encima de los 50.000 euros tiene registradas seis; entre 10.000 y 50.000, 44; entre 1.000 y 10.000, 419, y menos de 1.000 euros, la inmensa mayoría, 22.203.

Investigar esta clase de bienes es una labor que el Catastro efectúa de forma «permanente», aunque el gerente territorial, Santiago Cano, reconoce que ahora representa una actividad primordial para el organismo que dirige, «con una campaña especial para investigar desconocidos». Lo demuestra el hecho de que desde 2010 hayan aflorado en la provincia viviendas y fincas por valor de 9,3 millones de euros gracias al trabajo de esta entidad dependiente del Ministerio de Hacienda.

El trabajo del Catastro parte de una revisión global de su base de datos sobre fincas e inmuebles. Normalmente los técnicos peinan la provincia por zonas. Eligen una comarca, llevan a cabo un recuento de los bienes que hay que identificar e inician el trabajo. Cano subraya que la colaboración municipal «es fundamental» para dar con los propietarios. De ahí que lo primero que hace el Catastro sea enviar cartas a los ayuntamientos o a la Diputación para recabar información sobre los posibles dueños. La misiva incluye un plano y todos los datos de la finca. A los municipios les interesa colaborar, «pues de esa forma tendrán a alguien al que pasar el recibo».

Con estas averiguaciones, la gerencia territorial envía un requerimiento a los posibles titulares solicitando documentación sobre el inmueble en cuestión. En ocasiones, practica inspecciones, pues puede haber ciudadanos que no quieran dar traslado de esa información. Algunas veces acuden a visitar la construcción presuntamente no declarada y otras basta con las imágenes aéreas que obtiene el Catastro cada dos años para certificar que ahora hay una propiedad que antes no había. Puede incluso imponerse una sanción si se demuestra que hay ocultación, «pero no es lo habitual», señala Cano.

Si finalmente da con el titular, la gerencia territorial lo incorpora a la base de datos y asunto terminado. Si tras ese proceso de investigación no hay resultados, el Catastro da traslado del caso a la Unidad de Patrimonio del Estado (en la Delegación de Hacienda). Este organismo, inmediatamente, inicia un expediente de investigación patrimonial por su cuenta para descartar de forma concluyente que la finca o la casa no tiene titular. Tras los dos años que suele durar ese proceso, el Estado -si ha lugar- declara esa propiedad de titular desconocido como suelo vacante. El objetivo final es subastarlo al mejor postor.

Las cifras sobre fincas y viviendas sin propietario, según el gerente territorial «son razonables», pues llega un momento en que es muy difícil localizar a los propietarios, «pues se trata de pequeñas fincas, con valor catastral escaso».