11 años después del trágico accidente aéreo, las familias de los 62 militares españoles fallecidos, 20 de ellos destinados en la base Cid Campeador de Castrillo del Val, comenzarán a recibir las indemnizaciones de la contratista alemana del aparato siniestrado, Chapman Freeborn. Según informa la asociación que agrupa a parte de los afectados, la cantidad total asciende a 6,2 millones de euros.
El larguísimo y complejo proceso judicial al que se han enfrentado las víctimas del accidente de Trabzon (Turquía) «parece ver la luz al final del túnel», en palabras de los abogados de los familiares, una vez que el Tribunal de Primera Instancia de Frankfurt ha confirmado la sentencia del Supremo español contra la compañía aérea ucraniana Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), su reaseguradora también ucraniana BUSIN Joint-Stock Insurance y la contratista alemana, que ya ha anunciado su intención de no recurrir.
Mientras tanto, el caso penal se encuentra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que acudió la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 como último intento para que se juzgue a los 6 militares que fueron imputados por homicidio imprudente y que finalmente quedaron exonerados, contra el criterio de la Fiscalía, tras 9 años de instrucción. «Estrasburgo es la última esperanza», remarcan los familiares.
Además, la causa civil sigue instruyéndose ante una supuesta responsabilidad del Estado, ya que hay un grupo de afectados que reclama que el Ministerio de Defensa reconozca su culpa y responsabilidad en el accidente. El expediente de la reclamación patrimonial se inició en 2004 pero había quedado paralizado hasta la resolución de la vía penal, que llegó en mayo de 2012 con la confirmación del archivo de la causa, decretado por el juez Grande-Marlaska. En la actualidad, está a la espera de las distintas alegaciones de los abogados, donde la previsión es que el Instructor haga su propuesta de resolución, para enviar a la Intervención General de la Asesoría Jurídica del Consejo de Estado.
NADIE EN PRISIÓN
Los familiares de las víctimas han recordado que ya no queda ningún condenado por este caso en prisión, ya que hace dos años el Ejecutivo de Mariano Rajoy indultó a dos de los tres militares -el otro murió- condenados por falsear las identificaciones de 30 de los 62 fallecidos.
Y también han lamentado una vez más que los que consideran «responsables políticos de toda la gestión de la tragedia», el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, solo declararon como testigos y posteriormente fueron ‘recompensados’ con los cargos de embajadores en Reino Unido y Suecia, respectivamente.