La instalación de la red de fibra óptica en la ciudad ha generado un importante conflicto ético en el Ayuntamiento. De un lado, por el interés porque la banda ancha ultrarrápida llegue cuanto antes a los ciudadanos y a las empresas y de otro, porque no comparte el modo en que las compañías de telecomunicaciones Telefónica y Jazztel la están implantando en aquellos edificios en los que no puede llegar soterrada y el cableado, en muchos casos sin el menor disimulo, estropea la imagen de las fachadas. Es tal la disconformidad en la Concejalía de Licencias que incluso ha abierto sendos expedientes sancionadores a las empresas y les ha solicitado que dejen de trabajar hasta que se encuentre una solución, petición que ambas han aceptado.
El problema sobre la legitimidad de las compañías para instalar a su antojo la fibra óptica tiene miga. La concejala de Licencias del Ayuntamiento, Dolores Calleja, admite que la nueva ley de telecomunicaciones, con el objetivo de que la implantación sea lo más rápida posible, parece dar libertad a las empresas para que instalen la red y dejen a la vista el nuevo cableado (en los edificios con una cierta antigüedad). Pero por otra parte, y es a eso a lo que se agarran en la Casa Consistorial, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad «no lo permite».
La edil, que recuerda que en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya se ha planteado alegar contra lo que entienden que es una excesiva permisividad, recuerda que la administración ha invertido importantes cantidades de dinero para soterrar muchas comunicaciones. Como para encontrarse ahora que todo el camino andado se va por la borda con la llegada de la fibra óptica. Recuerda, a modo de ejemplo, la intervención del Área de Rehabilitación del Centro Histórico (ARCH), en donde el desembolso ha sido cuantioso. Es más, asegura que se podría crear un conflicto de intereses si a unos se exige que no se vea el cableado y a otros se les permite.
Calleja pone en duda, además, que la ley de telecomunicaciones, de la que explica que es «sectorial», pueda estar por encima del planeamiento general de un municipio. De ahí, que la postura del Ayuntamiento en este momento sea la de velar por su propia normativa. En cualquier caso, ya avanza que se va a «requerir un informe jurídico para ver hasta dónde podemos llegar».
Otro de los aspectos que ha alimentado el disgusto del Ayuntamiento es que las compañías comenzaran a instalar la fibra «sin presentar un plan de despliegue», que después se les ha exigido (una de ellas, al menos, lo ha entregado recientemente). Y junto a esto, que, tal y como era «su obligación», no hayan comunicado al Consistorio lo que iban a hacer. Porque aunque no necesitan licencia, sí deben informar de lo que van a hacer.
Con los trabajos para la implantación de la fibra óptica detenidos, las conversaciones entre el Ayuntamiento y las compañías se centran en buscar un acuerdo. En una primera fase sobre la implantación de la fibra óptica soterrada, para lo que no debería haber mayores dificultades, y después en lo que afecta a las fachadas. Lo que no pudo precisar la edil es lo que se hará con las cajas de cableado que ya se han instalado y cuya estética, en inmuebles históricos, chirría. La concejala se limitó a afirmar que hay expedientes sancionadores en curso y de ellos se derivarán las posibles medidas a adoptar.
Otra perspectiva. Fuentes de Telefónica reconocieron «diferencias de criterio» con el Ayuntamiento, con el que no comparten sus argumentos, y expresaron que «trabajamos para solventar de la forma más rápida posible» estas discrepancias y que la fibra óptica llegue «al 80% de los ciudadanos burgaleses antes de que acabe el año, situando a Burgos entre las ciudades de España cabeceras en este sentido».
Aunque la compañía prefirió huir de polémicas, recordó que «una inversión de casi 14 millones y el empleo directo e indirecto que genera el despliegue de fibra es una buena noticia para la ciudad». Una razón, aseguran, que «va a hacer sencillo solventar posibles dificultades». Definen a Burgos como «una ciudad dinámica económica y empresarialmente y con un sólido tejido industrial que necesita de las redes de banda ancha ultrarrápida, auténtico tractor por su potencial para atraer inversiones y generar modelos de negocio más competitivos».
A partir de ahora, lo que falta por ver es si las partes son capaces de llegar a un acuerdo que no frene el avance tecnológico.