La compañía BNK España, titular del permiso de investigación Urraca concedido en 2011 para analizar la existencia de gas no convencional en 94.815 hectáreas de trece municipios de Las Merindades mediante la técnica de la fractura hidráulica, afirmó ayer que «hay muchos terrenos distintos en los que se podrían hacer los sondeos y hay propietarios en la comarca que quieren vender suelo» a la firma para que realice sondeos de investigación. Por ello, la firma espera cerrar acuerdos de compra en unas semanas. Estas palabras llegaban después de la polémica desatada por la denuncia formulada ante los medios de comunicación por la ganadera Janet Ortiz, de Santa Cruz de Andino, a quien BNK le formuló la pasada semana una propuesta de compra para un terreno de 3,5 hectáreas.
La primera noticia que recibió esta ganadera de la compañía en forma de carta le advertía de que su finca «pudiera estar sujeta a un expediente de expropiación forzosa», por cuanto los proyectos de investigación de hidrocarburos pueden ser declarados de utilidad pública y, por tanto, estar sometidos a expropiación. No obstante, la empresa rectificó y señaló que su intención es utilizar el «diálogo» y los «acuerdos» para formalizar estas compras. Esta ganadera señaló a DBque no quiere vender su terreno, pero no parece que todos los propietarios piensen lo mismo que ella.
La compañía BNK admite que para presentar los estudios de impacto ambiental de cada uno de los sondeos de investigación necesita determinar «su ubicación exacta» y para ello necesita «comprar o llegar a otro tipo de acuerdos» con los propietarios del suelo». La intención de la compañía, aunque el permiso que le concedió el Ministerio de Industria en septiembre de 2011 le permite realizar hasta nueve perforaciones, es la de «hacer el menor número de sondeos posible para obtener los datos necesarios». «Si con tres o cuatro es suficiente, no se harán más», añaden desde BNK.
Alegaciones
El hecho de que la primera propuesta de compra que se ha dado a conocer a la opinión pública se ubique en el municipio de Villarcayo y que su Ayuntamiento sea uno de los pocos de la comarca que no se ha postulado institucionalmente en contra del fracking ha encendido mucho más las críticas que ya ha venido recibiendo durante meses la alcaldesa, Mercedes Alzola. Aunque la regidora insiste en que las competencias para conceder o no autorizaciones a las compañías gasísticas pertenecen al Ministerio de Industria -si el permiso ocupa más de una comunidad autónoma como es el caso del Urraca- o a la Junta de Castilla y León y en ningún caso a los ayuntamientos, ayer anunció que el municipio se declarará libre de fracking el viernes en un pleno extraordinario a las nueve y media de la mañana. Villarcayo se unirá así a los ayuntamientos de Medina de Pomar, Valle de Mena, Espinosa, Trespaderne, Valle de Tobalina, Sierra de Tobalina, Junta de Traslaloma, Valdivielso, Montija, Sotoscueva, Valdeporres, Manzanedo, Losa, Valdebezana, Santa Gadea o Bricia.
Asimismo, afirmó que su Consistorio presentará alegaciones cuando BNK presente los estudios de impacto ambiental y se abra ese cauce administrativo, como ya lo hizo el pasado año ante el Ministerio de Industria para reclamar que se realizara el estudio de impacto ambiental.