La Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI)Ribera del Duero Burgalesa ha consumado el controvertido despido de la gerente y las dos administrativas, que se hará efectivo el 30 de octubre y con el consiguiente desembolso de 32.000 euros en indemnizaciones, a pesar de que no existe intención de cerrar la oficina.
El presidente provincial de UCCL-Burgos y representante en la junta directiva de la ADRI, Félix Arribas, lo dio a conocer ayer asegurando que la decisión se ha tomado al margen del órgano director. Por ello pidió la dimisión del actual presidente, el alcalde de Gumiel de Izán, Jesús Briones; la secretaria, Lucía Rodríguez, representante de la Asociación Valle del Cuco; la tesorera, Mari Carmen Izquierdo, representante de Asaja y el responsable de administración financiera, Vicente Cuesta, secretario de Arandilla, por considerarlos responsables. «Se lo han pasado todo por el arco del triunfo y han tomado las decisiones por su cuenta y riesgo», recriminó.
Arribas denunció que si bien en la junta directiva del 9 de septiembre no se pudieron abordar cuestiones fundamentales por falta de la gerente, como la modificación de los gastos de funcionamiento donde se podría incluir el pago de los despidos, y se emplazó a convocar urgentemente otra junta directiva aún sin fecha, los máximos responsables de la ADRI se han adelantado. Un extremo que apoyó en e-mails enviados en el mismo sentido por los representantes de la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (Asemar) y del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero.
El presidente provincial de UCCL, que el miércoles ya denunció la manipulación de actas de la junta directiva para facilitar el cobro de una indemnización de 20.000 euros por parte de la gerente, que a su juicio no le corresponde puesto que su marcha era voluntaria y quien advirtió «que está levantando muchas sospechas y es mejor que no vuelva por la oficina», acusó al nuevo presidente de la ADRI de ponerse a su servicio.
Ante estos últimos acontecimientos Arribas reclamó la convocatoria urgente de una nueva junta directiva para aclarar las cosas y una asamblea general «en la que se nos ponga a cada uno en su sitio» y pedir una auditoría sobre la gestión económica. «Aquí hay cosas muy oscuras, dentro del programa, por eso tienen tanta rapidez en cerrar y que ahí no quede nadie. Y habrá que solicitar una auditoria para saber cómo llevamos los gastos de funcionamiento porque yo no me explico de dónde ha podido salir este dinero -el de las indemnizaciones-», advirtió.
Por su parte Jesús Briones, presidente desde el 9 de septiembre, no va a efectuar declaraciones hasta mantener una reunión con su junta directiva. En cualquier caso deja claro que lo único que ha hecho es «dar curso a un acuerdo tomado y aprobado en junta directiva, de la que no era miembro, el 29 de julio, según consta en acta firmada por el entonces presidente Julián Sardina y la secretaria, Lucía Rodríguez y aprobada en reunión de junta directiva el 25 de agosto». Un acuerdo tomado con seis votos a favor y uno en contra, el de Félix Arribas.
Asimismo informa que en esa misma reunión se aprobó que en caso de no existir solapamiento entre el cierre del Programa Leadercal 2007-2013 y la resolución de un nuevo programa de ayudas, la junta directiva trabaje por conseguir los fondos necesarios para cubrir los gastos de mantener la oficina abierta y en funcionamiento.