El Partido Socialista ha solicitado a la Comisión Europea que supervise el proceso de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña a través del registro de varias preguntas presentadas por la eurodiputada castellanoyleonesa y recién nombrada secretaria para la Unión Europea de la Ejecutiva Federal, Iratxe García. En estas cuestiones, por ejemplo, se pide a esta institución que concrete si está realizando algún tipo de control -junto a las autoridades españolas- para garantizar el escrupuloso cumplimiento de la actual legislación de la Unión Europea en esta materia, o si conoce el proceso relativo a los intentos de prolongar la vida de esta central hasta 2032, siendo el primer reactor nuclear en Europa que solicita licencia hasta los 60 años.
Además, también pregunta a la Comisión Europea si tiene la intención de intervenir ante España para que cualquier modificación legal relativa a Garoña cumpla la exigencia de que las revisiones se hagan cada seis años, tal y como se ha acordado en la modificación de la directiva 2009/71. Esta Directiva, por otro lado, recoge la necesidad de que "la autoridad reguladora competente tenga la capacidad de ejercer sus competencias con imparcialidad, transparencia y libre de cualquier influencia indebida en la toma de decisiones para asegurar un alto nivel de seguridad nuclear". “Desde luego, no parece que el Gobierno esté manteniendo la neutralidad en este proceso, sino que precisamente se está dedicando a defender los intereses de las grandes eléctricas”, afirman los socialistas.
Tanto Iratxe García como el secretario general del PSOE de Burgos, Luis Tudanca, critican las “numerosas modificaciones legales realizadas a la carta” para propiciar la ampliación de vida útil del reactor nuclear de Santa María de Garoña y la exención de impuestos millonarios para favorecer su continuidad. También recuerdan que se han dejado expirar numerosos plazos para operar, a causa de las negociaciones económicas entre el propietario de Garoña y el Gobierno de España; y que la planta ha sido multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con más de 18 millones de euros por parar unilateralmente, sin permiso. Después de todos esos acontecimientos -destacan los socialistas en su nota de prensa- en diciembre de 2012, Nuclenor presenta una nueva solicitud de renovación de su autorización de explotación ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con el objetivo de seguir operando hasta los 60 años.
En estos momentos, el de Garoña ya es el tercer reactor más envejecido de la Unión Europea y uno de los más antiguos del mundo, con más de 43 años de vida, recuerdan los socialistas. Así, destacan que se trata de uno ‘gemelo’ al de Fukushima, y que desde 2009 no se ha realizado ninguna mejora ni aplicado las Instrucciones Técnicas Complementarias del Consejo de Seguridad Nuclear adaptadas a las pruebas de resistencia que realizó la Comisión Europea en todos los reactores europeos entre 2011 y 2012.
Por todo ello, preguntan también si la Comisión Europea considera que alargar la vida de un reactor hasta los 60 años es sostenible en materia de seguridad nuclear; o si conoce que las vasijas de contención de combustible que emplea el reactor de Garoña están construidas con el mismo material con problemas de resistencia que provocaron el accidente de Fukushima, y el reciente cierre de las centrales belgas de Thiange y Doel.
Además, también piden a la Comisión Europea que aclare si es consciente de que el proceso de renovación de la autorización de explotación no está cumpliendo con los procesos de consulta pública establecidos tanto en el Convenio de Espoo como en la Convención de Aarhus, ambos ratificados por España.
Por último, en otra de las cuestiones, los socialistas hacen hincapié en que desde 1999 jamás se conceden autorizaciones de explotación en nuestro país por más de diez años y que “esta buena práctica puede ser injustificadamente modificada” para atender las exigencias de la empresa propietaria de Garoña.