No es Burgos una provincia que se distinga por ser uno de los lugares con más empleo sumergido. Aunque así lo pudiera parecer por el hecho de que en el 15% de las 1.794 visitas realizadas a empresas por la Inspección Provincial de Trabajo se haya detectado alguna irregularidad. «Estamos en la media del país», aseguran desde este organismo del Ministerio de Empleo. Lo que no es tan habitual, es el incremento tan elevado del fraude ya que solo en los 8 primeros meses ya se han destapado más casos que en todo 2014. En concreto, 654 entre enero y agosto frente a los 634 del conjunto del año pasado.

La explicación a este aumento tan notable del fraude laboral que ha florado en las investigaciones realizadas se encuentra, según detalla la Inspección de Trabajo, en que ahora disponen para esta tarea, a efectos prácticos, de dos personas más que en 2014 (hay 10 subinspectores y 9 inspectores).

Todos estos casos se corresponden con personas que han estado trabajando en empresas de todo tipo sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Es decir, sin ningún tipo contrato.

Pero no son estos los únicos casos en los que la Inspección de Trabajo detecta empleos irregulares. Entre enero y agosto también se han encontrado con otros «34 trabajadores que desarrollaban una jornada superior a la que constaba en su contrato». En otras palabras, a los que se pagaba menos de lo que les correspondía. Y ahí cabe desde quien tiene un compromiso por unas pocas horas y está en su puesto como si tuviera un empleo a jornada completa, hasta quien tiene firmado el 80% de la jornada y está el 100%. Lo que se hace, una vez comprobado el fraude, es «regularizar cada una de estas situaciones, sin perjuicio de las propuestas de sanción y liquidaciones que correspondan».

En la Inspección de Trabajo reconocen que estos casos, que en el argot de los familiarizados con este fraude se llama empleo gris (el negro es aquel en el que no hay ni contrato) son más complicados de detectar. Y es que es el propio trabajador el que acepta la situación al asumir que es mejor eso que nada. En los sindicatos, que en los últimos años han sido muy beligerantes al denunciar la falta de inspectores, han animado a superar el miedo y dar cuenta de estas situaciones.

También en el mismo periodo de tiempo se han levantado 10 actas de casos en los que la Inspección se ha encontrado con ciudadanos extranjeros que no tenían autorización para trabajar en España. Unas situaciones que «han descendido en los últimos años» ya que también «ha disminuido el número de personas que vienen de otros países».

Aunque en la Inspección Provincial explican que se investigan todos los sectores, concretan que en los que «mayor número de irregularidades se detectan son en la agricultura, la hostelería, el transporte y la construcción». En el caso del campo, donde más empleo sumergido aflora es durante la campaña de la vendimia. Este año, aunque aún están sin cuantificar, no ha sido una excepción y ha sido necesario abrir expedientes.

En cualquier caso, la tendencia al alza del número de fraudes detectados, si bien no tan acusada como en Burgos, ha sido generalizada en todo Castilla y León. Entre enero y septiembre se detectaron en la región un 7% más de empleos irregulares que en el mismo periodo de 2014. En total, 4.224.

Impago de cuotas y deudas. La labor de la Inspección de trabajo no se queda solo en la búsqueda de empresas que tienen a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social o con salarios inferiores a los reales. El número de expedientes totales finalizados, incluidos los de empleo sumergido, asciende a 4.450. Entre ellos, se encuentran los abiertos por impago de cuotas a la Seguridad Social (no necesariamente de empleo sumergido) cuyo importe exigido se eleva por encima de los 4,7 millones de euros.

Tan importantes como estos, sobre todo por las cuantías económicas, son los expedientes que se abren por derivación de deudas a empresas. Es decir, casos en los que un negocio deja de pagar sus obligaciones alegando falta de solvencia o quiebra, cuando en realidad crean otra sociedad para seguir con la actividad y no afrontar los pagos. Con estas inspecciones, lo que se busca es, una vez que se ha detectado la existencia del fraude, que la nueva sociedad se convierta en responsable solidaria.

De todos los expedientes abiertos, 1.237 inspecciones se realizaron a petición de las administraciones o por denuncias. Ya sea de afectados, de ciudadanos particulares... Cabe recordar que en agosto de 2013, el Ministerio de Empleo puso en marcha el buzón anónimo para recoger a través de la página web los fraudes laborales. Las otras 2.885 visitas a empresas formaron parte de una actuación programada y aprobada por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que, junto a las administraciones, también están presentes los sindicatos. Es en estos encuentros en los que se definen los sectores que hay que poner bajo la lupa.

La empresa que tenga a una persona trabajando sin estar dada de alta en la Seguridad Social se expone a sanciones de entre 3.126 y 10.000 euros, según la legislación vigente.