La Guardia Civil ha imputado en la comarca de Juarros (Burgos) a cuatro personas, con edades comprendidas entre los 32 y los 41 años de edad, como presuntos autores de una falta de estafa. Amparados por un certificado oficial, cuya validez se está investigando, realizaban trabajos y revisiones, cobrando facturas abusivas, según informaron fuentes de la Benemérita.

Los perjudicados eran personas de avanzada edad, que viven en entornos rurales,  cuyas economías en muchos casos resultan "ajustadas". En respuesta al compromiso adquirido por la Guardia Civil en el marco del Plan Mayor Seguridad, dirigido a la prevención y seguridad de nuestros mayores, una patrulla del Puesto Principal de Alfoz de Burgos, bajo sospecha de una posible inspección fraudulenta, se trasladó al lugar de los hechos al tener conocimiento de que unos supuestos instaladores de gas habían cobrado cantidades elevadas.

En la zona interceptaron a los cuatro implicados, procediendo a su identificación, quienes mostraron un certificado oficial que los acreditaba como instaladores cualificados, si bien no pudieron mostrar las facturas originales donde debían constar los trabajos realizados y las cuantías cobradas.

Los perjudicados alegaron haber pagado facturas por importe de 103 euros cada una, por un trabajo realizado en una simple inspección visual de la instalación del gas butano. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos.

Modus operandi. Amparados por la cobertura legal de una empresa inscrita en el sector, estos operarios que pueden poseer titulación oficial se personan en los domicilios de personas mayores. Sin previo aviso, siempre en el ámbito rural, acreditan estar autorizados para una revisión de la instalación del gas butano, haciéndoles creer que es casi obligatoria. Allí realizan revisiones y mantenimiento de gomas reguladoras de bombonas, entre otras funciones. Inspeccionan cocinas, calentadores de agua o estufas.

La estafa consiste en el cobro de cantidades abusivas para el trabajo desarrollado, el tiempo empleado y tipo de piezas sustituidas, sin información previa al cliente de la avería y coste de la misma. A veces, bajo el pretexto de que les precintan la instalación o les cortan el suministro, amenazaban a los clientes, que acceden a la inspección y pagan en el momento. Actúan en zonas rurales aisladas, buscando la indefensión de las personas mayores.