Suspenso en transparencia

María Albilla (SPC)
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La opacidad, el secreto y la impunidad son los principales óbices para combatir el fraude en los paraísos fiscales

 
Corrupción, evasión de impuesto, cobros en b, blanqueo de capitales... todos ellos son conceptos que se han convertido en cotidianos en los titulares de la prensa, pues afectan a personalidades de prácticamente todos los ámbitos. El último boom han sido los papeles de Panamá, unas filtraciones de las que, por lo que parece, todavía quedan muchas personas físicas y/o jurídicas por aflorar. «Es de esperar que continúen surgiendo nombres supuestamente relacionados con este paraíso fiscal y con las empresas pantalla que en los últimos 40 años se han ido creando en el despacho panameño del que surgen dichos documentos». 
Así lo considera Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España, quien determina que, tal y como se desprende de los Índices de corrupción que se elaboran en la entidad que lidera, «la corrupción es una lacra social que está bastante generalizada a nivel mundial». Concreta que si, lógicamente, existen diferencias entre unos países y otros, «la nota media mundial es claramente suspensa», lo que evidencia que la corrupción es uno de los principales problemas a escala planetaria y «lamentablemente está muy lejos de ser resuelto».
El principal freno para acabar con los paraísos fiscales es la opacidad y la falta de transparencia en muchos países respecto a este tipo de prácticas. El también catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid asevera que hay una protección absoluta para refugiar y ocultar los activos y, sobre todo el dinero, procedente de esta evasión fiscal. «Si hubiera transparencia y se eliminase el secreto bancario se podría, sin duda, avanzar mucho en este terreno, ya que cualquier autoridad fiscal o judicial podría obtener datos de las personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de prácticas de evasión fiscal. La opacidad, el secreto y la impunidad derivada de ello puede ser uno de los principales frenos para combatir el fraude fiscal», agrega.
Pese a que cada vez que sale a la luz alguna estafa se habla de la imperiosa necesidad de tomar medidas legales en el ámbito internacional para acabar con la opacidad y las ilegalidades, el catedrático asevera que esta tarea «es realmente difícil, sobre todo a corto o medio plazo». Aclara, asimismo, que si hubiera «una verdadera voluntad internacional y de los organismos supranacionales» se podría atajar en buena medida este problema, ya que en el caso de que hubiese transparencia a nivel internacional en esta materia «y hubiese un Registro mundial de las empresas offshore, se podrían conocer todos aquellos titulares o beneficiarios de esas empresas, que aunque en sí mismas no son ilegales, sí que pueden servir para ocultar ilegalidades», aclara.
 
Las sanciones como lección. Lizcano asevera que, llegados a este punto, «la capacidad de sorpresa de los ciudadanos en general, y la mía en particular, va decreciendo con el tiempo y con la variada casuística que va surgiendo día a día a este respecto». No obstante, confía en que si las correspondientes investigaciones que se han llevado a cabo en lo referente a los papeles de Panama, se demuestran actividades delictivas, «deberán ser sancionados legal y penalmente en su caso, y además ello será tan necesario como justo, aparte de ejemplarizante, y posiblemente disuasorio para las personas que puedan estar pensando en llevar a cabo ese tipo de prácticas».
España es un país en el que a los políticos se les llena la boca últimamente anunciando trasparencia, regeneración y lucha contra la corrupción, mensajes que se implementarán ahora de cara a unas nuevas elecciones, pero para este experto, esta ejemplaridad está en muchos casos alejada de la realidad. No obstante, se muestra optimista al considerar que la transparencia de las instituciones va mejorando progresivamente debido a la presión social, al impulso de los estudios e informes divulgado por la sociedad civil, como es el caso de Transparencia Internacional, «así como las normas legales que van obligando a ello, tales como la Ley de Transparencia, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc».
También anima a los ciudadano a que aporten su granito de arena en la lucha contra esta lacra a través de las denuncias y su voto.