La Junta de Castilla y León acepta la devolución de la paga extra a su personal. Todos los grupos políticos apoyaron la proposición no de ley presentada por el PSOE matizada a través de una enmienda de los populares para iniciar unas negociaciones con los sindicatos la fórmula para reintegrar el dinero que dejó de pagar en diciembre del año pasado. 

 

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró en declaraciones a los periodistas, después de votar la proposición, que de forma inmediata convocará a los sindicatos para fijar los plazos de devolución de la paga extra, sobre la que ya se ha pronunciado un juzgado en Palencia a favor de tres empleados públicos. 

De momento, el presupuesto de la Junta de Castilla y León no dispone de los casi 50 millones de euros que costará reintegrar la parte proporcional de la paga extra de los empleados públicos correspondiente al tiempo trabajado  previo a la aprobación del decreto que anuló la parte del sueldo. La medida afecta de forma distinta a los funcionarios que a los laborales. En el primer caso supone casi la cuarta parte de la paga mientras que en los segundos sólo supondría unos quince días.

 

Una de las cuestiones que la Junta pondrá sobre la mesa es que si se alcanza un acuerdo en el pago de la extra, los sindicatos tendrán que retirar los recursos presentados en los tribunales. Ya el procurador del PSOE, José Francisco Martín, calculó que podría suponer 13 millones de sobrecoste para las arcas regionales en el caso de que todas las sentencias favorables se resolviesen en cascada contra la administración regional. 

 

Aunque la propuesta inicial de los socialistas apostaba por instar desde las Cortes a la Junta para que proceda a la devolución inmediata de la paga, José Francisco Martín, en nombre de su grupo admitió la enmienda de sustitución del PP para que se produzca el pago de la parte correspondiente y no repercuta en «alguien por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos», al tiempo que exigió a la Junta que no demore, mediante el diálogo social, el abono de las cantidades y que exija a Rajoy la cantidad de «ese desaguisado».

 

El portavoz popular de Hacienda, Salvador Cruz, argumentó que la Junta actuó desde la lealtad institucional igual que en mayo de 2010 cumplió con la reducción en un cinco por ciento del salario de los empleados públicos y que en el decreto del Gobierno se limita su aplicación a trabajadores con menores salarios y se compensa con planes de pensiones cuando haya crecimiento.

 

Cruz censuró que el Grupo Socialista no hablará de esas limitaciones en el decreto del Gobierno y recordó que la Junta cumple la legislación básica pero no ha unido más ajustes y mantiene la extra de los empleados públicos, algo que subrayó que no sucede en otras comunidades, entre las que citó Andalucía.

 

Abogados y procuradores. Por otra parte, las Cortes de Castilla y León pidieron ayer al Gobierno central que se mantenga la vigente incompatibilidad del ejercicio por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y rechazaron que el anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales que cambia esa consideración por entender que «pondría en peligro» el trabajo de esos profesionales y dilataría los procesos judiciales, en una propuesta presentada por el PP.